La Provincia insiste con recuperar las tierras de La Angostura

¿Cómo seguirá el caso de la ocupación de terrenos de la Reserva de La Angostura? La pregunta tiene dos respuestas. La más importante es que habría elementos suficientes para ordenar el desalojo de todos aquellos que edificaron viviendas o emprendimientos en tierras fiscales. La otra, los que incumplieron con la orden de no avanzar con las construcciones o la explotación de servicios que fueron instalados allí, afrontarán denuncias penales por haber desobedecido una orden judicial.

A fines de octubre, en una inspección de rutina, empleados del Estado descubrieron que desconocidos estaban ocupando tierras que pertenecen a la Provincia y que estaban destinadas a la protección del medio ambiente. La fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls ordenó una investigación. Una vez que confirmó las irregularidades, denunció el caso en la Justicia y presentó una serie de evidencias para demostrar que esas tierras pertenecían al Superior Gobierno de la Provincia.

En medio de la polémica surgieron dos novedades. La Policía desalojó varios terrenos y los representantes legales de la familia de Segundo Ramón Herrera les pidieron a las autoridades que desistieran de realizar cualquier demanda porque ellos eran los verdaderos dueños y que el problema se estaba tramitando en un juzgado de Familia de Concepción. Finalmente, la jueza María Felicitas Masaguer le dio la razón al planteo de la Provincia y dictó una medida cautelar para que se detuvieran las ocupaciones.

“Nunca dejamos de ocuparnos de esta situación. Se presentaron problemas que estamos corrigiendo. Por ejemplo, pese a la existencia de un fallo judicial, varios siguieron avanzando con las construcciones de sus casas o realizando obras para el verano. Por eso ayer se concretaron más de 60 notificaciones para ponerlos al tanto”, explicó la fiscala.

La funcionaria agregó: “ya se presentaron varias denuncias penales que se están tramitando en la fiscalía de Monteros. A los que no cumplieron con la medida, se los demandó del delito de desobediencia judicial porque incumplieron una orden”. “Vamos a realizar todos los trámites correspondientes para que policías se encargan de hacerla cumplir”.

Los observados

La Justicia cuestionó cinco irregularidades en la zona de la Reserva. Ahora quedaron en la mira porque no estarían cumpliendo con el fallo dictado. Las autoridades descubrieron estas situaciones:

- Club Tres Luces: la cacique Margarita Mamaní, titular de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar (Cidem), habría realizado gestiones ante las autoridades para que tuviera su campo de juego allí. Las autoridades aseguran que estarían construyendo una cancha de fútbol 5.

- El Pelao: después de que se levantara la veda en La Angostura, la empresa que brinda servicio de pesca siguió funcionando normalmente pese a que no debería hacerlo porque la salida de los botes está en la reserva. Además, hace tres años que la Provincia espera que un juez de Monteros resuelva un expediente en el que se solicitó la restitución de las tierras donde se instaló el emprendimiento. Una curiosidad: pescadores le confirmaron a LA GACETA que personal de Flora y Fauna utilizan ese lugar para vender licencias de pesca y realizar controles de número de piezas extraídas.

- Barrio El Lago: es uno de los loteos ubicados cerca del espejo de agua y está casi pegado al río El Mollar. Cuando estalló la polémica, el delegado comunal Jorge Cruz denunció que esas tierras fueron tomadas por la Cidem, versión que fue desmentida por la cacique Mamaní. El funcionario reconoció también que sus antecesores en el cargo, incluido su padre, entregaron parcelas por cuestiones sociales. Pese a la medida cautelar vigente, las construcciones de casas no se detuvieron.

- Costa Piedra: varias personas señalaron que desconocidos estaban realizando tareas de mantenimiento en el boliche fantasma que funciona los veranos en un lugar conocido como La Playita. .

-“Loteo Gaucho Castro”: los propietarios de los lotes siguieron avanzando con la construcción de sus casas en este lugar. Es el caso más polémico de todos, ya que los representantes del titular del emprendimiento aseguran que la venta de unas 60 parcelas fueron autorizadas por la Dirección General de Catastro y la comuna rural. El titular del organismo Alejandro Navarro y el comisionado Cruz desmintieron esa posibilidad.

Después de que la Policía arrancara todos los postes y quitara los alambrados, no se registraron novedades en los barrio Casas de Piedras, Juana Azurduy y Ojo de Agua, cuyas ocupantes habrían sido los comuneros de la Cidem.

Los ocupantes de esas tierras aseguran que no entienden por qué son cuestionados si ellos fueron compradores de buena fe y que seguirán adelante con sus proyectos de tener un lugar para descansar. Por otra parte, la Unión Diaguita de Tucumán se movilizará el sábado en los valles para solicitar que finalicen los desalojos.

Opiniones

Los veraneantes son pesimistas

“Lo que descubrieron ahora es lo que siempre pasa aquí. Parece que las cosas se ponen en orden, pasan unas semanas, y todo vuelve a ser igual”, indicó María Fernanda Herrera, veraneante de El Mollar. “Con todo el ruido que generó el tema de las usurpaciones nos ilusionamos que las cosas podrían cambiar. Hasta pusieron carteles para marcar territorio. Hay que ver cuántos quedan”, comentó Fernando Quiroz. “Serí importante que el ministro del Interior Darío Monteros visite El Mollar y vea el desorden que hay. Soy bandeño y sé que a él le gustó tener en orden la ciudad. Le pido que venga, que sólo recorra la avenida principal y se caerá de espaldas con todas las irregularidades que hay”, señaló Marcos Décima.