Por Ale Casas Cau
26 Diciembre 2024
Blake Lively protagonizó una película centrada en la violencia de género, que meses después de su estreno se convirtió en la más taquillera de 2024, “Romper el círculo”. Sin embargo, lo que realmente sacudió a la industria fue la denuncia de abuso sexual que Lively presentó contra su compañero de elenco y director de la película, Justin Baldoni. Este caso pone en evidencia las fallas persistentes de las estructuras laborales para proteger a las mujeres y garantizar espacios de trabajo seguros. Si estas fallas ocurren en Hollywood, con su alta visibilidad, resulta preocupante imaginar las condiciones que podrían enfrentan las mujeres en entornos menos mediáticos y con menores recursos para abordar estas situaciones.
La historia del cine ha estado plagada de casos de abuso hacia mujeres y niños, desde los trágicos episodios vividos por Judy Garland durante el rodaje de El Mago de Oz hasta el movimiento #MeToo, que reveló escándalos como la salida de Roger Ailes de Fox News y las múltiples denuncias contra Harvey Weinstein. La reciente denuncia de Lively no solo refleja la continuidad de estas problemáticas en la industria del entretenimiento, sino que también resuena en otras realidades laborales, donde las dinámicas de poder y las falencias institucionales tienen consecuencias similares.
En Tucumán, por ejemplo, el caso de José Alperovich, ex gobernador y ex senador, es un recordatorio de cómo el abuso puede ser facilitado por relaciones laborales marcadas por profundas asimetrías de poder. Denunciado penalmente por su sobrina y ex colaboradora por abuso sexual, este caso pone de manifiesto las barreras estructurales que enfrentan las mujeres para obtener justicia, con procesos judiciales lentos que prolongan su sufrimiento. La situación evidencia la necesidad urgente de repensar las dinámicas laborales y las políticas de prevención para erradicar la violencia en estos espacios.
Otro episodio ocurrido en la provincia involucra a una trabajadora que denunció haber sido abusada sexualmente por dos compañeros de trabajo. En este caso, la empresa fue condenada por no garantizar las condiciones necesarias para que la empleada pudiera reincorporarse al lugar de trabajo tras el abuso. La Sala III de la Cámara de Apelaciones del Trabajo determinó que la empresa incumplió con su deber de proteger a la trabajadora, omitiendo implementar medidas como la reubicación de los agresores y la adopción de mecanismos de apoyo adecuados. Este fallo destaca la responsabilidad de los empleadores, sean empresas privadas o el Estado, en garantizar que las víctimas puedan regresar a un entorno laboral seguro y libre de violencia.
La sentencia enfatiza que las empresas deben ir más allá de reaccionar ante situaciones de abuso; es fundamental que adopten una postura proactiva en la prevención de la violencia laboral. Esto incluye establecer programas de integridad, protocolos claros de actuación y canales confidenciales para la denuncia. Sin estas herramientas, los derechos de las trabajadoras siguen siendo vulnerables, y las promesas de equidad laboral quedan en el plano de lo teórico.
Las mujeres denunciantes enfrentan un denominador común: la desprotección estructural. Los sistemas laborales y judiciales no logran responder con eficacia, dejando a las víctimas en una situación de indefensión. Es imperativo que los protocolos de denuncia y las normativas de protección se traduzcan en acciones concretas. Además, es necesario que los convenios internacionales, como el 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece lineamientos para erradicar la violencia y el acoso en el trabajo, sean aplicados con rigor.
En el ámbito del Estado y en el empresarial, los empleadores tienen la obligación de crear mecanismos eficaces para prevenir y atender situaciones de violencia. Esto incluye garantizar la confidencialidad de las denuncias, proteger a las víctimas durante todo el proceso y establecer procedimientos claros para investigar y sancionar a los responsables. Estas medidas no solo benefician a las víctimas, sino que también promueven ambientes laborales donde la productividad y el bienestar van de la mano.
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