La segunda jornada del proceso de destitución que se lleva adelante contra la jueza Carolina Ballesteros fue maratónica. A pesar de que se extendió durante 10 horas, no se pudo finalizar con la lectura del descargo de 187 fojas que presentó junto a su abogado Gustavo Morales. La audiencia se reanudará hoy a las 8.30 en el tercer piso de la Legislatura, según se acordó ayer cuando ya había caído el sol.
El Jurado de Enjuiciamiento que preside la vocal de la Corte Suprema, Eleonora Rodríguez Campos, fue convocado en los términos del artículo 34 de la Ley 8.734, para la lectura pública de la acusación y de las excepciones y defensa. El legislador Mario Leito, miembro de la comisión de Juicio Político que encabeza Sergio Mansilla -hoy comité acusador- solicitó que se omitiera, entre otros, la lectura de las acusaciones por una cuestión de economía procesal, ya que fueron leídas en la audiencia pasada. La petición, sin embargo, fue rechazada por la defensa; pasaron a leerse entonces por Secretaría las 87 fojas de la acusación y, luego de un cuarto intermedio, se inició la lectura de la defensa hasta foja 122.
En el extenso escrito, el letrado señaló que el proceso de destitución “se encuentra minado de vicios” que afectaron seriamente las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio y, por tanto, son suficientes para acarrear la nulidad del juicio político seguido en su contra. Lanzó cuestionamientos contra integrantes del Jury, principalmente contra Javier Morof (secretario de de Gestión Pública) por haber sido designado por el gobernador Osvaldo Jaldo; contra Rodríguez Campos, por no haberse apartado del proceso a pesar de ser pariente del ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez (su tío); contra la representante de los letrados, Silvia Ana Peyracchia, por mantener una amistad con Jiménez; y contra legisladores -que la acusaron o son miembros del Jury- por diversas causas en la Justicia.
En un descargo colmado de citaciones de jurisprudencia a nivel nacional e internacional, en el que también se cuestionó la constitucionalidad de la integración y conformación de la comisión de Juicio Político, Morales subrayó que el estamento político cuenta con una hegemonía completa y absoluta en el Jurado de Enjuiciamiento, lo que aniquila el necesario equilibrio que debe existir.
Cargó además contra legisladores que -dijo- no cumplen con los requisitos constitucionales para ejercer la función pública. En ese sentido, apuntó principalmente contra José Orellana, quien está condenado en primera y segunda instancia a tres años de prisión condicional por abuso sexual. También señaló a los oficialistas Tulio Caponio, Mario Leito y Sara Assan por diversas causas judiciales, aunque los parlamentarios rechazaron las acusaciones y afirmaron que aquellos procesos fueron desestimados y archivados.
“María Carolina Ballesteros está siendo enjuiciada por un tribunal de Jurado de Enjuiciamiento que no es imparcial, impartial ni independiente, y en virtud de ello, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad resulta palmaria”, expresó el letrado en el escrito.
A su vez, se expresó en el escrito que hubo una afectación de los derechos humanos de la magistrada al avanzar con el proceso en su contra a pesar de severos problemas de salud que la afectaron en los últimos meses y por lo que se tuvo que someter a dos intervenciones quirúrgicas.