El Concejo Deliberante de la Capital dilató para el próximo año el abordaje de la problemática de las plataformas electrónicas para el transporte público. Sin embargo, los ediles se fueron del recinto tras la última sesión con la sensación de que la regulación de las apps debe tratarse de manera urgente.
El proyecto que finalmente volvió a comisión -por pedido directo de la Casa de Gobierno- establece que los únicos habilitados a utilizar las plataformas electrónicas fueran los conductores adheridos al Sutrappa. Es decir, los particulares que hoy prestan el servicio en aplicaciones como Uber, Cabify o Didi deberían inscribirse ante el municipio. El asunto es que las licencias, según la ordenanza del Sutrappa, son sorteadas por el municipio y de manera esporádica.
En tanto, también se intentó incorporar una prohibición expresa para el traslado de pasajeros mediante motocicletas. “Queda expresamente prohibida la prestación del servicio en cualquiera de las modalidades expresadas en el artículo precedente a través de moto vehículos”, reza el punto que se propone incluir, y que fue frenado ante una protecta de los choferes.
A favor de los trabajadores
El concejal Carlos Arnedo (Acción Vecinal), salió en defensa de los conductores de Uber moto y afirmó que los socios de las aplicaciones son “trabajadores informales a los que hay que incorporar al sistema formal en vez de excluirlos más de lo que ya están”. “La solución es regularizar y reglamentar la actividad, cuidando las fuentes de trabajo y respetando la voluntad de los usuarios que ya eligieron este servicio”, remarcó.
Arnedo, autor de un proyecto de ordenanza sobre regularización y normatización de plataformas electrónicas de transporte, cargó contra la propuesta de habilitar el servicio de manera exclusiva para vehículos adheridos a Sutrappa. “La ordenanza vigente es vetusta y no se adapta a los tiempos actuales. Insisto en que debemos avanzar hacia la actualización integral de la movilidad urbana, contemplando los nuevos medios de transporte, como son las aplicaciones digitales”, señaló. “Tengo un proyecto presentado en febrero, donde dejo en claro que hay que regularizar la actividad y dotar de un marco normativo a los socios de Uber y demás aplicaciones para garantizar una competencia leal entre los distintos servicios de transporte, donde el único ganador sea el usuario, el vecino que está en su derecho de elegir con su dinero cuál servicio usar”, insistió. No obstante, el edil criticó que “en lugar de tratar ese proyecto, la comisión de Transporte salió con dictámenes retrógrados como el que vimos la semana pasada, que agrava aún más la situación y no beneficia a nadie”, cerró.
Otra postura radical
En cambio, el radical Federico Romano Norri sostuvo que “es el poder concedente quien autoriza cuáles son las actividades que verdaderamente están en condiciones para el transporte de pasajero”. “Sabemos y queremos que se legalicen y normalicen, pero hay ordenanzas que prohíben al taxi funcionar con plataformas, por eso era necesario habilitarlas para que tengan igualdad”, se pronunció.
“Desde hace 10 meses que deberíamos haber legalizado y haber consensuado un proyecto común de todas las plataformas digitales para que también tributen y de esa manera compitan en igualdad de condiciones con los taxis, que vienen tributando desde hace más de 20 años”, añadió. Expresó que tienen la obligación y la responsabilidad de proteger a la actividad que lleva adelante el taxista. Aseguró que la tarifa de Uber es más barata porque no tributa y porque no tiene que cumplir ciertos requisitos que sí cumple el taxi. “Yo también comparto que cuando legalicemos la plataforma digital en la misma competencia va a bajar los valores. También quiero que haya 12.000 puestos de trabajo más, pero no hagamos populismo y demagogia; lo cierto es que no deberían funcionar en un Estado de Derecho”, completó.
Un dictamen que fue resistido
El dictamen de la comisión de Transporte que quedó trunco establece la modificación de la ordenanza N° 3.713 (Sutrappa). Allí se añade la modalidad de traslado de pasajeros a través de plataformas electrónicas y a través de Empresas Redes de Transporte (ERT), donde la prohibición de los vehículos particulares se manifiesta de manera indirecta.
El articulado no menciona explícitamente la no permisibilidad de funcionamiento para los conductores de Uber, Cabify o Didi, pero sí determina que serán sancionados aquellos “conductores y/o vehículos que prestaren el servicio en la modalidad Sutrappa a través de plataformas electrónicas sin estar autorizados para esa modalidad”, es decir, sin pertenecer al Sistema Único de taxis. Con el propósito de motivar a los vehículos particulares a adherirse al Sutrappa, el dictamen añade que el Departamento Ejecutivo deberá “realizar un llamado a inscripción de aspirantes de licencia del Sutrappa, de acuerdo a las vacante que existieran”.