El regreso de las fiestas electrónicas

Las fiestas electrónicas volvieron a realizarse en la provincia, tras la suspensión de este tipo de eventos durante tres meses y la aprobación de una ley que regula su funcionamiento. Con precisiones sobre la tarea que les compete a las autoridades en cuanto a control y con el compromiso de organizadores y empresarios de eventos masivos de cumplir con el protocolo, un nuevo panorama se abre para estos espectáculos que congregan a una parte de la juventud. La suspensión había ocurrido en septiembre, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo comunicó que iba a prohibir las fiestas electrónicas con el argumento de que allí “se vende mucha droga” y eso obligó a debatir un tema sobre el que no había mucho conocimiento y sobre el cual hay similar preocupación en el país, que en general no ha atinado a dar una respuesta abarcadora desde 2016, cuando ocurrió la tragedia del complejo de Costa Salguero donde se celebraba “Time Warp”. Un lugar con poca ventilación, sobrecargado de personas y con trabas para servicios sanitarios y para el consumo de agua. Cinco jóvenes perdieron la vida y muchos otros sufrieron graves consecuencias debido al consumo de drogas sintéticas como éxtasis y LSD. La llegada tardía de las ambulancias sólo agravó la situación, lo que reveló falencias en la organización del evento. En Tucumán, no se dio una tragedia, pero muchas de las reuniones de este tipo han sido clandestinas y han escapado de los controles. Así lo advirtieron los organizadores de eventos “legales” y sobre eso se discutió también durante los debates para dar a luz la nueva ley, que acaba de debutar. Esta norma establece un marco regulatorio que busca mejorar la seguridad de los asistentes y profesionalizar la organización de los eventos masivos. Exige tener un sistema de seguridad, contratación de ambulancias, instalación de puestos sanitarios con asistencia médica y la disposición de agua potable para el consumo personal de forma gratuita. El servicio se deberá brindar mediante dispensadores, bebederos u otros medios. También se obliga a los organizadores a implementar campañas preventivas contra el consumo de estupefacientes, en un esfuerzo por garantizar un ambiente seguro y saludable para todos los participantes. El asunto no ha quedado finiquitado. Es necesario prestar atención al planteo de varios legisladores de que estas medidas se deben aplicar a todo tipo de eventos. También las autoridades deben mejorar la estrategia de control, porque las fiestas clandestinas siguen siendo un severo problema. Los riesgos del consumo de drogas es otra problemática asociada. Las sustancias circulan con tal facilidad entre los jóvenes que hasta se consiguen por plataformas como Telegram. Sobre esto debaten, a nivel nacional, entidades como PAF (Proyecto de Atención en Fiestas) y ARDA (Asociación de Reducción de Daños de Argentina), enfocadas en la prevención, la reducción de riesgos y la concientización en eventos nocturnos. Es decir, se precisa combinar la aplicación de la nueva norma con una perspectiva integral de abordaje de los consumos problemáticos. Se ha dado un importante paso en busca de proteger la salud y la seguridad de los jóvenes. Hay que esperar un tiempo para analizar su efectividad.