¿Cuál es el precio para vivir en un Tucumán ordenado?

la gaceta / Foto de José Nuno la gaceta / Foto de José Nuno

Enero no termina y hubo al menos media docena de noticias que pueden marcar lo que será este 2025. Más allá de las polémicas que despertaron, dejaron planteados varios interrogantes. ¿Se podrá ordenar a un Tucumán que lleva décadas sumergido en un océano de desorden? ¿La mano dura es el único camino para solucionar los problemas? ¿La idea es buscar un nuevo parche o encontrar las soluciones pensando en el futuro? ¿Todo debe pasar por las manos de la Policía que suficiente trabajo tiene para que se le sumen más? ¿La solución pasa por enviar a las personas a un calabozo?

Estas son algunas de las situaciones que acapararon la atención de muchos tucumanos:

1- Quedó al descubierto el ardid que habría planeado un emprendedor para comercializar tierras fiscales en El Mollar. Esta estrategia podría haberse utilizado en otras localidades veraniegas de la provincia como El Cadillal, San Javier y San Pedro, por sólo citar algunas. La teoría del caso es que una o más personas se valieron del apoyo de empleados y funcionarios para hacerse de documentación que bajo ningún aspecto demuestra la titularidad del bien. La autoridad que tiene el poder de policía para controlar, durante cuatro años no sólo no detectó la usurpación, sino que por error u omisión apoyó el emprendimiento, según denunciaron los compradores de los terrenos. El viernes, la fiscala de Estado Gilda Pedicone convocó a una reunión a los responsables de diferentes reparticiones para analizar el caso. En el encuentro, que duró más de tres horas, se analizaron una por una las anomalías y surgieron otras. Después fijaron metas para definir qué sucederá en el futuro. No hubo lanzamiento de ningún plan, simplemente se debe aclarar que la única autoridad que debe definir quién es el dueño de un inmueble es la Dirección General de Catastro.

2- “Limpiavidrios” y “cuidacoches” también fueron noticias en los últimos días. En primer lugar se debe aclarar que ninguna de las dos actividades está reglamentada y mucho menos autorizada en la provincia. Sin embargo, sí hay una Federación de Trabajadores de Espacios Públicos que denunció una campaña de persecución por parte de la Policía y pidió mantener encuentros para tratar de encontrar una solución a un conflicto que lleva años discutiéndose. No hay dudas de que la crisis social y económica empujó a muchos a realizar este tipo de actividad para ganarse la vida, pero no es menos cierto que el Estado, en el caso de los cuidadores de autos, alimentó este “oficio”. Al lanzar el sistema de estacionamiento pagado, ampliaron las zonas donde los tucumanos podían dejar sus autos. Pero por una razón u otra, el proyecto nunca entró en vigencia y actualmente hay más trabajo para los que desarrollan esta actividad.

3- Un hombre acaparó la atención de buena parte de la sociedad por haber sido sorprendido cocinando un ganso para alimentarse. El “cuidacoche” atrapó al ejemplar en el lago San Miguel, el pequeño espejo ubicado en el parque 9 de Julio. Lo que pocos saben es desde hace bastante tiempo que decenas de personas se alimentan con los peces de ese lugar. Durante décadas ese pequeño refugio acuático fue considerado como una escuela de pescadores y, en los últimos tiempos, se afianzó como un sitio donde se hacía culto de la “pesca con devolución”, práctica que asegura la supervivencia de las especies.

4- El municipio anunció la eliminación de los decks que bares y restaurantes colocaron en los espacios públicos durante la pandemia. En enero de 2024 habían ordenado retirar las mesas y sillas de las plazas de la capital. Todas las principales ciudades del mundo se apoyan en la actividad gastronómica para generar más ingresos. Claro está que hay un equilibrio justo para que lo privado no termine afectando lo público. ¿Se tuvo en cuenta esta premisa o se actuó de manera impulsiva? Las autoridades dicen que sí, los gastronómicos aseguran que se enteraron por LA GACETA de la iniciativa.

5- El jefe de Policía Joaquín Girvau volvió a enojar a los referentes de organismos de derechos humanos al anunciar que la Policía detendría a los mayores y demoraría a los menores que circulen por las calles de las villas veraniegas alcoholizados. Al día siguiente de haber hecho esta declaración, dos adolescentes y un adulto fueron detenidos en El Mollar por haber probado su puntería arrojando piedras a una de las pocas cámaras de seguridad que tiene la Provincia en esa localidad. Uno de ellos demostró ser efectivo y la terminó rompiendo.

6- La Policía descubrió que una red de comercios confecciona a pedido los dominios de vehículos y motos. Por ejemplo, una persona tenía una camioneta VW Amarok blanca o una Honda Wave roja, buscaban modelos idénticos y anotaban los códigos de las patentes. Se presentaban en cualquiera de los cuatro negocios y solicitaban que le hicieran uno con esos datos. Al ser controlados, no tendrán inconvenientes en superarlos porque en la base de datos no surgirá que tienen pedidos de secuestro por alguna razón, especialmente si es un bien robado o no.

La reacción

En varios de estos casos se plantearon soluciones efectistas y no a largo plazo. Por ejemplo, para preservar el lago San Miguel, las autoridades anunciaron que restringirían el tránsito por la zona. Primó la sensatez y esa idea no se aplicó. Sería más o menos como disminuir el paso de los vehículos por la city tucumana porque allí hay bancos o personas circulando con importantes cantidades de efectivo. ¿Hay que detener a todos los menores que circulen alcoholizados o sancionar a los que venden alcohol? ¿El que compra bienes robados no debería ser castigado para luchar contra los mercados negros? Las respuestas son obvias, pero pareciera que no para algunos funcionarios.

Limpiar vidrios en las esquinas de un semáforo no es un delito. Tampoco lo es escuchar música o reunirse con amigos a beber alcohol en una esquina o en una plaza. Sí podría decirse que al menos son situaciones que alteran la vida de una comunidad. En todas partes del mundo, incluida las provincias de nuestro país, hay normas que ponen algunos límites. Se llaman códigos de convivencia que permiten que las personas puedan disfrutar de sus derechos sin que afecten a los de terceros. Tucumán no tiene uno, utiliza la vetusta e inconstitucional ley de contravenciones policiales para poner punto final a estas situaciones conflictivas.

El inicio de enero congeló la discusión de uno de los temas más controvertidos de los últimos tiempos: la regularización de las aplicaciones de viaje en auto o en moto. Los taxistas que antes “cazaban” a los conductores que recurrían a esta herramienta, ahora la usan. Adolescentes y jóvenes las utilizan como si existieran desde hace años, pese a que hasta ahora siguen siendo ilegales en todo el territorio tucumano. En medio de tantos grises será mucho más difícil tratar de poner orden.

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