Preocupación en el Gobierno por fallos judiciales que frenan despidos

Dos recientes fallos de la Sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo pusieron en el centro de atención la resistencia sindical, que ahora se manifiesta en los tribunales. Las decisiones judiciales frenaron despidos tanto en el sector público como en el privado, lo que generó incertidumbre en el Gobierno de Javier Milei. 

La medida más significativa fue la orden de no despedir a 3155 trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Otro fallo protegió a 25 empleados despedidos de una empresa química en Entre Ríos tras realizar una huelga.

Además, un caso relacionado con el recorte salarial de una empleada pública desembocó en la salida del jefe de la Procuración del Tesoro, Rodolfo Barra, acusado de no defender con eficacia los intereses del Gobierno. Este escenario refleja la sensibilidad del empleo público en la gestión actual, que enfrenta demandas sindicales por despidos recientes, como los de 15 delegados del Ministerio de Justicia, quienes argumentan estar protegidos por la tutela sindical.

Los sindicatos jugaron un papel clave en los litigios. En Entre Ríos, el gremio químico impulsó la medida que favoreció a los trabajadores de Fademi SA, mientras que en ARCA fueron los sindicatos Aefip y Supara los que llevaron el reclamo a los tribunales. Los jueces que resolvieron estas causas tienen una conocida afinidad con el kirchnerismo, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible sesgo ideológico en las decisiones.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, manifestó preocupación por el impacto de estos fallos en los empleadores y futuros inversores. Según él, las decisiones judiciales contradicen normas legales que ya contaban con consenso político. Cordero, quien intentó incluir a jueces laborales en una mesa de diálogo el año pasado, ha tenido dificultades para alinear las reformas laborales con el Poder Judicial, especialmente después de que se declararan inconstitucionales algunos decretos del Gobierno.

El panorama se complica con la vigencia de una tregua entre el Gobierno y la CGT. A cambio de no modificar leyes sindicales, el Ejecutivo ha garantizado el flujo de recursos para las obras sociales y la estabilidad en la recaudación sindical. En este contexto, Cordero celebró avances en las negociaciones paritarias moderadas, como el acuerdo con Hugo Moyano, que redujo sus demandas salariales para colaborar con la política antiinflacionaria.

Mientras tanto, las tensiones entre la Justicia laboral, el Ejecutivo y los sindicatos parecen aumentar. Con una reforma laboral recortada y una agenda judicial marcada por fallos adversos, el Gobierno enfrenta un escenario de incertidumbre que podría complicar aún más el panorama económico y político del país.