30 Enero 2025
CONGRESO. El primer proyecto de ley del gobierno de Trump es contra los migrantes ilegales. afp
WASHINGTON, Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump revocó la extensión del amparo migratorio para los venezolanos decidida por Joe Biden poco antes de dejar el cargo que permite a más de 600.000 personas vivir y trabajar en Estados Unidos.
“Los habitantes de este país quieren esta basura fuera. Quieren que sus comunidades estén seguras”, declaró la secretaria del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Kristi Noem, al anunciar la medida en Fox News. “No íbamos a seguir con lo que hizo para atarnos las manos”, afirmó refiriéndose a su predecesor, Alejandro Mayorkas.
“Suponían que iban a poder quedarse aquí y violar nuestras leyes durante otros 18 meses” pero “vamos a seguir el procedimiento y evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país”, insistió.
El 10 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Caracas, la administración demócrata prolongó el Estatuto de Protección Temporal (TPS) por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026, en base a “la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando por las crisis políticas y económicas bajo el inhumano régimen” chavista.
El TPS es un programa establecido por el Congreso para extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país por a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. Según el Pew Research Center, hasta marzo de 2024 había 1,2 millones de personas elegibles para el TPS o que beneficiarios del programa. Los venezolanos son el grupo más grande.
En cuanto asumió el cargo, Trump declaró emergencia nacional en la frontera con México y empezó a demoler el legado de Biden en todos los frentes, decreto tras decreto.
Acabó con el permiso de permanencia temporal concedido a migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que tengan a un patrocinador en Estados Unidos, y con la aplicación de teléfono móvil CBP One que permitía pedir cita para entrar legalmente.
Eso, además de restablecer su programa “Quédate en México”, implementado en su primer mandato (2017-2021) y por el que los migrantes esperan el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera.
El republicano ha ordenado redadas de migrantes, algunos de los cuales envió en aviones militares con grilletes, exponiéndose a tensiones diplomáticas con varios países como Brasil y Colombia.
De “irregulares” a “criminales”
Trump prometió expulsar primero a los migrantes en situación irregular con antecedentes penales pero el martes, en su primera rueda de prensa en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que consideran “criminal” a todo aquel que haya entrado “ilegalmente en Estados Unidos”.
Muchos de esos migrantes son latinoamericanos que huyen de la pobreza y la violencia. Las organizaciones civiles y los demócratas han puesto el grito en el cielo, pero Noem los acusa de encubrir a las pandillas. “Están desconectados de la gente de sus ciudades y comunidades”, declaró en Fox.
Ayer, Trump ratificó, además, una ley que estipula la detención automática de migrantes en situación irregular acusados de algunos delitos, incluido el robo.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años asesinada por un venezolano sin papeles que era buscado por robar en tiendas y que fue condenado a cadena perpetua. “Mantendremos viva la memoria de Laken en nuestros corazones para siempre”, dijo el republicano a los padres de la joven. “Su nombre también vivirá por siempre en las leyes de nuestro país”, añadió.
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