Por Bruno Farano
10 Febrero 2025
La decisión del club San Martín de denunciar penalmente a un socio por daños agravados en un espectáculo deportivo sienta un precedente que parece ser crucial en la lucha contra la violencia en los estadios argentinos. La causa contra Franco Daniel Morales, quien rompió un palco en La Ciudadela tras la eliminación ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la última temporada de la Primera Nacional, no sólo representa un acto de justicia por parte del club, sino también un llamado de atención para el resto de las instituciones y organismos que rigen el fútbol nacional.
San Martín no sólo busca que Morales reciba una sanción ejemplar, sino que también marca un punto de inflexión en la forma en que los clubes deben abordar los actos de violencia protagonizados por sus propios hinchas. El Ministerio Público Fiscal de Tucumán aplicó el criterio de oportunidad y permitió que, en caso de ser declarado culpable, Morales evite una pena a cambio de actividades comunitarias, algo que generó cierta indignación en la dirigencia del “Santo”.
La Ley 24.192, sancionada en 1993, establece un marco legal para prevenir y sancionar la violencia en los espectáculos deportivos en Argentina. Entre sus disposiciones, contempla penalidades para quienes provoquen disturbios, daños materiales o atenten contra la seguridad de los asistentes a los eventos deportivos. Además, establece la posibilidad de imponer penas de prisión a los responsables y la prohibición de acceso a los estadios.
Sin embargo, para que la Justicia actúe en estos casos, es fundamental que las instituciones, los damnificados o testigos realicen las denuncias correspondientes. Si no hay una denuncia formal, los hechos pueden quedar impunes debido a la inacción judicial. Es por esto que la postura de San Martín es clave: al accionar legalmente, está sentando un precedente para que otros clubes también exijan el cumplimiento estricto de la ley y la aplicación de sanciones ejemplares.
La violencia en el fútbol argentino no es un fenómeno nuevo. Desde los barrabravas hasta los disturbios protagonizados por hinchas comunes, los hechos violentos han sido una constante en las últimas décadas.
En 2017, durante un clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, Emanuel Balbo fue arrojado desde una tribuna tras ser confundido con un hincha rival. Su muerte conmocionó al país y visibilizó la problemática de la violencia en las canchas. En la final de la Copa Libertadores 2018, el ataque al ómnibus de Boca en las inmediaciones del estadio Monumental derivó en la suspensión del partido. En tanto, su reprogramación en Madrid expuso la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad en eventos de gran magnitud. En 2022, durante un partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca, la represión policial provocó la muerte de un hincha y puso en tela de juicio los operativos de seguridad en el fútbol argentino. Ese mismo año en la previa del partido entre San Martín y Belgrano, fue asesinado Manuel “Berenjena” López en las inmediaciones de La Ciudadela, por una supuesta disputa de poder entre dos facciones de la hinchada.
Mientras tanto, el pasado martes, en Mendoza se suspendió el duelo entre Godoy Cruz y Talleres de Córdoba a raíz de la agresión sufrida por el juez de línea Diego Martín. Un hincha “tombino” arrojó un caño contra el juez, que terminó con una lesión en la frente.
San Martín también ha lidiado con episodios violentos recurrentes en su estadio. Arrojar hielos y otros proyectiles desde la tribuna es habitual en cada partido que el equipo juega de local. Se trata de una conducta que pone en peligro la continuidad de los partidos y que puede derivar en sanciones para el club. Por ello, la denuncia contra Morales adquiere además un valor simbólico: es un mensaje de que la violencia no será tolerada.
Para erradicar los actos vandálicos en el fútbol es imprescindible que la Justicia actúe con firmeza y que los clubes se comprometan a sancionar a los responsables de estos hechos. San Martín ha dado un paso adelante en ese sentido, pero si las instituciones judiciales no acompañan con fallos ejemplares, el esfuerzo quedará en la nada.
Los dirigentes “santos” exigen la aplicación efectiva de la Ley 24.192, por eso decidieron ir a fondo denunciando un hecho puntual y entregando el material (videos y fotos) para probar el hecho.
Lo que sucedió en La Ciudadela puede marcar un primer paso hacia un cambio en la relación entre los clubes y sus hinchas. Un fútbol sin violencia es posible, pero sólo si todos los actores involucrados están dispuestos a dar la pelea.
Lo más popular
