28 Febrero 2025
YEDLIN. “Milei trata de tapar el ‘criptogate’ con mucho humo”, criticó.
El decreto del presidente, Javier Milei, para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia rebotó en la política de Tucumán. Desde distintos sectores cuestionaron la medida y advirtieron que se pone en riesgo el equilibrio institucional.
El tratamiento de las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla está reservado al Senado de la Nación. Los tres tucumanos en la cámara alta mantienen la cautela y el silencio sobre la discusión que se avecina. Unión por la Patria anticipó que rechazará el decreto presidencial y el PRO también cuestionó el mecanismo utilizado por el jefe de Estado. Los peronistas Juan Manzur y Sandra Mendoza, y Beatriz Ávila, del PJS habían anticipado su apoyo al primero de los mencionados. Pero, el decreto cambió el eje de la discusión.
Entre las diputados, la opiniones están divididas. Pablo Yedlin (UP) calificó de terrorífica la medida y advirtió que hay una búsqueda de protección judicial. “Milei siempre se jactó de no tener causas judiciales en su contra. Bueno, ahora las tiene y son más 100 por el delito de estafa. Creo que está tratando de tapar el criptogate con mucho humo”, dijo. El justicialista estimó que el Senado dejará sin efecto las designaciones realizadas en el máximo tribunal. Roberto Sánchez (UCR) advirtió que la discusión suma incertidumbre. “La falta de seguridad jurídica condiciona la economía. No se trata de un problema de abogados o políticos, acá está en juego la realidad de la gente”, dijo. Mariano Campero (UCR), aliado del gobierno, sugirió que se cometió un “error” al avanzar por la cuestionada vía para cubrir vacantes en la Corte Suprema. Paula Omodeo (Creo) aseveró que la clave pasará por conocer si el oficialismo puede o no tener los votos para aprobar las designaciones en el Senado.
Autocracia
Desde el parlamento local, el legislador Walter Berarducci advirtió que las interpretaciones forzadas de las cláusulas constituciones tienen un fin personalistas. “Buscan cooptar un poder de la República. Nos colocan a las puertas de una autocracia o de un Gobierno autoritario”, consignó en la red social X. Agustín Romano Norri (UCR) aseguró que el decreto presidencial es una “puñalada” al Poder Judicial. “Quiere tapar los escándalos que lo involucran y, de paso, designar a un juez como Lijo que está severamente cuestionado en su moral e idoneidad”, precisó.
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