
MADRID, España.- Un tribunal español anunció ayer que investiga por homicidio a dos ex altos cargos del Gobierno de Valencia por las muertes que dejaron las inundaciones en esa región en octubre, si bien rechazó indagar al presidente regional, muy criticado por su gestión de la tragedia. El tribunal de instrucción de la población valenciana de Catarroja citará a declarar como investigados a la entonces responsable de Emergencias del Gobierno regional, Salomé Pradas, y a su número dos, Emilio Argüeso, dentro del procedimiento que sigue por los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, indicó en una nota de prensa.
Pero la corte denegó convocar también como investigado al presidente regional, Carlos Mazón, tal y como había solicitado una asociación de víctimas, aunque indicó que el dirigente puede declarar como testigo si lo solicita. Mazón, cuya dimisión ha sido solicitada por miles de valencianos en varias protestas, ha sido muy criticado por su gestión de la crisis, sobre todo por no haber explicado qué hizo entre la hora del almuerzo, cuando comió con una periodista, hasta que llegó ya en la noche al centro que coordinaba la emergencia (Cecopi).
En un comunicado emitido el lunes, Pradas indicó su disposición en ayudar a que “se conozca toda la verdad sobre las circunstacias que rodearon a la gestión de la emergencia”, resaltando que en aquellas horas y días ella se mantuvo “desde el primer minuto hasta el último atendiendo las funciones institucionales” que le correspondían.
La jueza que instruye la causa considera que el mensaje que las autoridades enviaron a las 20.11 del 29 de octubre a los celulares de todos los ciudadanos valencianos avisando del peligro de las lluvias torrenciales “fue tardío y erróneo”. Ese mensaje se mandó más de 12 horas después de que la agencia meteorológica española (Aemet) había emitido una alerta roja, la más alta. Para cuando se difundió la mayoría de las víctimas ya habían muerto ahogadas en sus casas o arrastradas por la crecida en las calles, según el sumario judicial que dio a conocer la prensa española. Asimismo, el Cecopi se constituyó “con una gran demora”, a las 17 locales, cuando tenía que haberlo hecho “en la mañana” para “avisar a la población”, indicó la jueza en su auto, citado en el comunicado.
La magistrada considera que hubo suficientes advertencias sobre la “gravedad de la situación” por parte de instituciones como la Aemet, los servicios de emergencia regionales de Valencia y los medios de comunicación. “El problema residiría no en la ausencia de información (...) sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se la ignorara (...) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión”, agregó. La jueza también elevó a 225 los fallecidos por las inundaciones en la Comunidad Valenciana, al añadir a una mujer con leucemia que murió en un hospital por falta de asistencia. (AFP)