
El vicegobernador Miguel Acevedo fue consultado por la investigación que realiza la Justifica Federal ante la denuncia que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contra los municipios tucumanos de Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros, por operaciones bancarias sospechosas por unos $37.000 millones entre 2023 y 2024. El titular de la Cámara se desempeñó como ministro del Interior entre 2015 y octubre de 2023.
“Seguramente, cuando haya que presentar la documentación en la Justicia, confío en que los municipios lo harán”, manifestó el titular del Poder Legislativo en rueda de prensa, ante una consulta de LG Play. Al ser consultado si consideraba que puede haber alguna maniobra política por detrás, como expresaron los ex intendentes, dijo: “no, yo creo que es un año electoral. En ese contexto, nos vamos a encontrar con muchas situaciones que, si están en el ámbito judicial, deben redimirse en el ámbito judicial”.
Acevedo, que desempeñó distintos cargos del Ministerio del Interior entre octubre de 2003 y octubre de 2003, se expresó de aquel modo durante la apertura del año judicial, en salón Alberdi del Palacio de Tribunales. Insistió con que confía en que los municipios investigados presentarán la documentación pertinente cuando sea requerida por la Justicia.
Investigación en marcha
La causa iniciada a fines del año pasado se encuentra en manos de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, que está siendo subrogada por el fiscal federal de juicios de Catamarca, Rafael Vehils Ruiz. El funcionario judicial le dijo a este diario que ya se han tomado acciones, aunque evitó dar detalles para entorpecer la pesquisa. “La causa está en movimiento. Se han solicitado medidas en coordinación con la Procelac”, declaró.
Son ocho los municipios del norte que pusieron en alerta a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), por haber realizado extracciones bancarias por un total de $39.487 millones, sin documentación respaldatoria, entre enero de 2023 y octubre de 2024. De Tucumán: Banda del Río Salí ($17.256 millones), Famaillá ($11.449 millones), Lules ($4.217 millones) y Monteros ($3.923 millones); de Catamarca: Belén ($624 millones), Icaño ($1.113 millones) y Corral Quemado ($771 millones); y de Salta: San Carlos ($131 millones). Como consecuencia, la Procelac que encabeza Diego Velasco realizó una denuncia para que se dilucide el destino de los fondos.
Los ex intendentes Darío Monteros (Banda del Río Salí), José Orellana (Famaillá), Carlos Gallia (Lules) y Francisco Serra (Monteros) aparecen mencionados en la investigación de Velasco, dado que estuvieron a cargo de los municipios en el momento de las extracciones. Explicaron que las extracciones denominadas “cheque por ventanilla” son algo habitual para los municipios.
Los ex jefes municipales indicaron que los dineros se usan para pagar a trabajadores no bancarizados, ayudas sociales o para colaborar con la compra de medicamentos. Mencionaron que también se usa efectivo para cubrir los gastos que se generan por espectáculos, como el pago de artistas, sonido o escenario. Dijeron que cuentan con la documentación respaldatoria y que están a disposición de la Justicia.