
A partir de la sanción de la ley de Narcomenudeo en la provincia, la Justicia local comenzó a hacerse cargo de los procesos contra pequeños vendedores. Según Daniel Leiva, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se trata de una problemática compleja de múltiples aristas.
“El abordaje más visible lo constituye la lucha contra la venta de estupefacientes, donde se lograron importantes avances al afectar sensiblemente la comercialización de estos a partir de las distintas medidas dispuestas por el estado en su conjunto. El otro aspecto del narcomenudeo que no podemos soslayar, ni como Poder Judicial ni como parte de la sociedad, es el del flagelo de las adicciones”, indicó.
Evaluaciones médicas
“En los últimos años se ha registrado un importante incremento de solicitudes de evaluaciones médicas en este Poder Judicial para internaciones involuntarias en materia de salud mental, generalmente por situaciones generadas o agravadas por el consumo problemático de drogas”, explicó el presidente del Alto Tribunal. “Así, en el año 2024 se realizaron 987 evaluaciones de este tipo en el Centro Judicial Capital y del Este, doblando el número del año anterior, motivando la mayor parte de ellas internaciones a los fines de tratamiento y desintoxicación”, explicó.
“Quiero destacar el trabajo sostenido durante el último año por la Federación de Asistencia para la Prevención y Recuperación de Adicciones (Fapra), labor llevada a cabo por las organizaciones que la integran para la recuperación y rehabilitación de niños, jóvenes y adultos afectados por consumos problemáticos. La convocatoria para la constitución de dicha organización se llevó a cabo por el Poder Ejecutivo provincial, continuado hasta el presente con el apoyo y articulación de su funcionamiento bajo la órbita del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia, dentro del marco de sus políticas reparatorias, brindando un constante respaldo a los proyectos que ejecutan las organizaciones que la integran. Esto constituye una clara muestra de lo positivo que resulta la integración de los distintos actores públicos y privados de la sociedad, para la atención de la problemática”, indicó el magistrado.