
La Justicia Federal ha suspendido la aplicación del Decreto 116/2025, que pretendía transformar al Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima, al menos por los próximos seis meses.
La medida cautelar fue otorgada por el juez Alejo Ramos Padilla, quien había dictado previamente una medida cautelar interina a raíz de la controversia iniciada por la Asociación Bancaria, el gremio que agrupa a los empleados del sector, presidido por Sergio Palazzo.
El decreto, firmado por Javier Milei en febrero de 2025, había dispuesto la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima bajo el control del Ministerio de Economía. Sin embargo, en su fallo, Ramos Padilla determinó que cualquier cambio en la estructura jurídica del BNA debe ser aprobado por el Congreso, ya que la entidad fue creada por ley y es una entidad autárquica.
"El Banco de la Nación Argentina es una entidad cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es este poder el único que puede revocar su carácter", declaró el magistrado.
La controversia judicial comenzó en junio de 2024, cuando la Asociación Bancaria presentó una demanda para declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 348 del Directorio del Banco Nación y del Decreto 70/2023, que ya buscaban modificar la estructura del banco, apuntando hacia una posible privatización de la entidad. En su fallo, el juez había considerado que esos decretos no facultaban a la Casa Rosada a modificar la situación jurídica del banco y que este tipo de reformas sólo pueden ser realizadas por el Congreso a través de una ley formal, consignó el diario "Ámbito".
El conflicto se reavivó en febrero de 2025 con la publicación del Decreto 116/2025, que proponía la transformación del BNA en una sociedad anónima, como un paso hacia la privatización parcial de la entidad. El decreto señalaba que el Estado mantendría la mayor parte de las acciones, con un 99,9% del capital social, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina tendría un 0,1%. Según el gobierno, este cambio permitiría al banco continuar ampliando los préstamos a las PyMEs y a las familias, facilitando su crecimiento.
La decisión judicial implica la suspensión de la implementación de este decreto y deja claro que la modificación del carácter de la entidad debe ser aprobada en el Congreso. Ramos Padilla citó la Carta Orgánica del Banco Nación, que establece que la entidad se rige por la Ley 21.799, la Ley de Entidades Financieras, y otras normativas concordantes, lo que excluye su sometimiento a las reglas generales de la administración pública nacional.
El decreto de transformación fue firmado por el presidente Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En su comunicado, el banco explicó que la transformación era "imprescindible" para seguir aumentando los préstamos a favor de las PyMEs y las familias. Aseguró que la conversión en una sociedad anónima facilitaría la ampliación del fondeo necesario para su crecimiento, lo cual no podría lograrse sin la aprobación del Congreso.
En este contexto, el Banco Nación cerró 2024 con un récord en la entrega de créditos, alcanzando los U$S15.000 millón en préstamos a empresas y familias. A pesar de estos logros, el gobierno no ha logrado el respaldo legislativo necesario para incluir al Banco Nación dentro del listado de empresas a privatizar, como había planteado originalmente en el proyecto de ley Bases, que finalmente excluyó al banco de dicho listado, al igual que a Aerolíneas Argentinas y YPF.