Concepción y Aguilares pujan por la sede de la ex AFIP

La decisión del Gobierno nacional de achicar la estructura de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y de cerrar oficinas en el interior del país podría tener impacto directo en Tucumán. Ocurre que una de las delegaciones que sería afectada es la que funciona en Concepción. En los últimos días, las señales de alerta se encendieron al punto que ya hubo reuniones entre dirigentes y funcionarios políticos. A la vez, esta disposición nacional podría reeditar un conflicto entre “La Perla del Sur” y Aguilares, ya que la ciudad famosa por los corsos busca quedarse con las dependencia de ARCA.

A principios de mes, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que se eliminarían 695 cargos en la Dirección General Impositiva (DGI) y que se cerrarían una serie de oficinas en el interior de país, para reducir costos de alquiler, por ejemplo. Entre las delegaciones afectadas aparece la de Concepción, en donde trabajan una quincena de empleados y que tiene incidencia directa en al menos 27.000 contribuyentes del sur. Apenas se conoció la noticia, dirigentes gremiales activaron reuniones con el diputado Roberto Sánchez y con el intendente Alejandro Molinuevo. “Les planteamos la importancia de mantener abierta la oficina, buscar un nuevo lugar físico y menos costoso”, precisó Fabricio Suárez, que integra la mesa directiva nacional de Aefip e Ingresos Públicos. “Esta decisión afecta a las fuerzas vivas, a los contribuyentes y a los sectores más vulnerables”, añadió el dirigente.

El intendente Molinuevo confirmó que el cierre afectaría a la sede de Concepción y precisó que ya inició gestiones ante las autoridades nacionales para evitarlo, incluso con una nota dirigida al titular del ARCA nacional, Juan Alberto Pazo, mediante la que le advirtió sobre los perjuicios de la medida. “Varios municipios del país estamos gestionando que continúen como centros de atención y servicios”, expresó.

“Esta medida genera un grave perjuicio para los contribuyentes, profesionales y empresas de Concepción y del sur de la provincia, quienes deberán trasladarse a la capital para realizar trámites esenciales, con el consiguiente impacto negativo en tiempo, costos de movilidad y accesibilidad a los servicios de atención fiscal”, enfatizó en el texto que envió al funcionario nacional.

Y agregó: “La presencia de la AFIP en Concepción ha sido históricamente fundamental para garantizar una gestión tributaria eficiente, ágil y cercana a la comunidad. Su eliminación no solo dificulta el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos, sino que también afecta el desarrollo económico y productivo de nuestra región, que requiere un Estado presente y con capacidad de brindar respuestas”.

Además, contó que mantuvo diálogo con el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, y que el municipio puso a disposición un local en la Terminal de Ómnibus.

En el medio de la polémica se coló el municipio vecino de Aguilares, que pugna por quedarse con la oficina de la ex AFIP. La intendenta Gimena Mansilla ofreció un edificio en pleno centro, a dos cuadras del Banco Nación y de la Municipalidad. El ofrecimiento es sin costo alguno y con un plazo mínimo de 20 años. En 2023, ambas administraciones mantuvieron cruces por las oficinas de la Policía Federal. “Tengo confianza en que se solucionará”, anheló el radical Molinuevo.

También requirió la intervención de la Provincia la legisladora radical Raquel Nievas, oriunda de Concepción. “Estamos pidiendo la intervención de la provincia. La realidad es que un anuncio de este tipo genera mucha incertidumbre, en especial entre los trabajadores que podrían ser trasladados a kilómetros de distancia o despedidos”, afirmó Nievas. “La actividad comercial y productiva del sur de la provincia es muy importante. Tener solo una oficina de la AFIP en la Capital sería un gran problema para los contadores y también para los contribuyentes. Entendemos los recortes de gastos, pero hay que ser razonables”, alertó.

“Afecta directamente a los contribuyentes”

El presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, confirmó que a partir de la preocupación y del pedido de empresarios del sur tucumano, la entidad solicitó formalmente a las autoridades nacionales que revean la decisión. Con ese propósito, enviaron notas al director nacional, Juan Alberto Pazo; y al titular de la Regional Tucumán, Javier Ortiz. “El cierre de la sede de Concepción es un retroceso y aleja de los administrados la posibilidad de acceder a una dependencia de ARCA. Implicará un incremento en los costos e impide la posibilidad de tener un acceso a ser atendido por personal de ARCA”, justificó Viñuales en la nota.