Hace 13 Hs
EN EL OJO DE LA TORMENTA. Karina Andrade fue denunciada por el Ministerio de Seguridad.
El Gobierno denunció a la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos de la marcha en el Congreso y pedirá su destitución. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a la magistrada de obrar “políticamente” al excarcelar a 114 detenidos. Le imputó los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
Hoy, a través del Ministerio de Seguridad, se formalizó la demanda de la administración de Javier Milei contra Andrade. En escrito fue firmado por el director nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial, Fernando Soto. Por sorteo, el caso les tocó a la jueza María Romilda Servini y al fiscal Eduardo Taiano.
La acusación y la destitución
Además, se anticipó que habrá una segunda presentación, ante el Consejo de la Magistratura porteño, en la que pedirá la destitución lisa y llana de la magistrada, a la que acusa de graves irregularidades en el procedimiento que siguió a la detención de acusados.
Patricia Bullrich. ARCHIVO
Según el criterio de la ministra Bullrich, la jueza “tergiversó todo el proceso” tomando la decisión de liberar a 114 detenidos sin esperar los tiempos procesales que se otorga al fiscal para presentar las pruebas que incriminen a los acusados.
“Se amparó en el derecho al reclamo social y a las garantías constitucionales, pero resolvió sobre la cuestión de fondo sin haber visto un papel. Muchos de los detenidos tenían antecedentes penales”, dijeron en el ministerio.
Por televisión
La ministra de Seguridad está convencida de que la jueza Andrade fue “funcional a la sedición” de los manifestantes violentos, ya que “no vio los papeles, pero sí vio por televisión que rompían autos y tiraban proyectiles. Los liberó por cuestiones políticas, y por eso la denunciamos también por encubrimiento”, agregaron las fuentes.
Según el sistema procesal acusatorio vigente en la Justicia porteña, quien decide es el fiscal, que también debe acercarle la prueba al juez, que oficia como un árbitro con la defensa. En este caso, la fiscalía llevó como prueba sólo las actas de detención elaborada por la Policía, sin consignar los lugares de detención, ni los motivos.
En este punto surgen las diferencias. La jueza Andrade dijo que, al no tener pruebas, decidió liberar a los detenidos en la madrugada del jueves 13. Según el Gobierno, “es el fiscal el que decide, acá no interviene la jueza, los detenidos no están a su disposición”. Por eso, consideran que la magistrada, de 42 años, “se apuró” al otorgar la libertad de los detenidos, y por eso exige que la investiguen penalmente.
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