El Gobierno ofrece una recompensa de $10 millones por información de los autores de los disturbios en el Congreso
Es para quienes aporten datos "útiles, precisos y concretos" que permitan la captura de quienes promovieron los incidentes en la marcha en defensa de los jubilados, según la resolución publicada en el Boletín Oficial

A horas de una nueva marcha en defensa de los jubilados, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció que ofrece $10 millones de recompensa para quienes brinden datos útiles que permitan identificar y lograr la captura de los autores responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el miércoles pasado. Lo hizo a través de la Resolución 357/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por la Ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich.
“Es de público y notorio conocimiento que miembros de grupos organizados y ‘barras bravas’ de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025”, sostiene el Ministerio de Seguridad en los argumentos de la resolución.
En el artículo 2° de la norma se aclara que quienes tengan información se pueden comunicar telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, llamando a la línea 134.
Dentro del recuento realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, los grupos movilizados “no tenían nada que ver” con los propósitos convocantes y, una vez en la Plaza de los Dos Congresos, “comenzaron a agredir a las Fuerzas Policiales” con varios elementos y “armas de fuego”.
Esto culminó, según se detalla en la Resolución 357/2025, con que los “grupos violentos” incendiaron patrulleros, dañaron bienes públicos, y lesionaron a más de una decena de efectivos. Dichos actos son encuadrados por Seguridad como prima facie de los delitos de “sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática”.
Por último, la resolución advierte: “En caso de registrarse nuevas manifestaciones con características similares a las descriptas, [se] podrá adoptar medidas análogas, a fin de preservar la paz social y asegurar el respeto a las normas vigentes”.