
A través del Decreto 216/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno introdujo cambios a la Ley Nacional de Turismo, disolvió una serie de programas que fomentaban las inversiones en el sector y modificó los deberes y facultades de la Secretaría de Turismo.
Así, se resolvió la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística, que se encargaba de coordinar las acciones administrativas entre las diferentes entidades públicas relacionadas con el turismo.
"En particular, corresponde suprimir las responsabilidades vinculadas al desembolso de recursos para el incentivo al turismo y el Plan de Turismo Social y disolver el Programa Nacional de Inversiones Turísticas”, señala el decreto. El ahora extinto Programa Nacional de Inversiones Turísticas estaba destinado a financiar proyectos e inversiones de interés turístico a nivel nacional.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno justificó el ajuste y aseguró que "las características de la actividad turística exigen que el Estado nacional organice los recursos que vincula a su desarrollo con capacidad para atender rápidamente a los cambios del mercado y a los nuevos entornos y desafíos que se planteen, a la vez que genere las condiciones para el desarrollo de las iniciativas e inversiones del sector privado sin interferencias que alteren las reglas de juego de los actores".
Además, se modificaron los deberes y facultades de la Secretaría de Turismo, encabezada por Daniel Scioli, que ahora se enfocará en la promoción de la inversión en el sector turístico, planificar de manera federal y coordinar la promoción turística tanto dentro del país como en el exterior, entre otras tareas. Por ejemplo, una de las obligaciones que establece el decreto es la de “coordinar, incentivar e impulsar las acciones para la promoción turística de nuestro país tanto a nivel interno como en el exterior”.
En ese camino la Secretaría de Turismo podrá gestionar acuerdos con provincias, municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promover incentivos para la inversión en turismo, y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, entre otras responsabilidades. Se invitó "a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control en la parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial”.