Por Martín Soto
25 Abril 2025
REPROCHES. En el recinto, la oposición cargó contra el rol del Estado en la protección de los terrenos fiscales. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
La polémica por las usurpaciones que asomaron en El Mollar fue sólo la punta de un iceberg que no para de emerger con escándalos similares en Tafí del Valle, El Cadillal y Ticucho, entre otros. Y en la Legislatura resonaron estas polémicas cuando se aprobó un proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo (PE) para adecuar el marco legal de algunas leyes y otorgar a la Dirección General de Catastro competencias que correspondían a la disuelta Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat.
En una sesión de bajo voltaje que condujo el vicegobernador, Miguel Acevedo, para rendir homenaje al papa Francisco (entre otros temas), se sancionó una norma para que Catastro sea autoridad de aplicación de distintas normas y entender en lo que respecta a la regulación dominial de los inmuebles adquiridos por el Estado Provincial. El miembro informante de la comisión de Legislación General, Gerónimo Vargas Aignasse, explicó que la transferencia de las competencias estaba motivada por los hechos y las denuncias de público conocimiento.
El oficialista puso énfasis en la determinación del gobernador, Osvaldo Jaldo, de descabezar y clausurar a la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat tras los escándalos. “Han violentado la propiedad pública y han engañado a eventuales compradores de buena fe, en algunos casos, y no en buena de, en otras cosas”, dijo. Remarcó que hay una investigación de la Justicia en marcha por denuncias por venta de tierras que alcanzan a ex empleados públicos.
“Ni un metro cuadrado”
La oposición respaldó la determinación que tomó la Casa de Gobierno, de borrar a una repartición con denuncias de corrupción y traspasar las responsabilidades a Catastro, pero no guardó sus críticas por lo sucedido con bienes del Estado. “No protegieron ni un metro cuadrado de dominio público”, disparó el legislador José Seleme (Avanza Tucumán). Y se despachó: “se manejaron por décadas al margen de la ley. Y lo que es peor, de manera burocrática, corrupta y arbitraria, sin defender los bienes públicos. Son organismos que no sólo fracasaron, sino que se volvieron cómplices”.
Rodolfo Ocaranza (Compromiso Tucumán) destacó el orden que se intenta poner “luego de varias décadas en la desidia de la custodia de bienes” que pertenecen a la Provincia. A su vez, mencionó que es una oportunidad en muchas décadas para poner orden en el Estado. El radical Manuel Courel (Cambia Tucumán), por su parte, dijo que la Subsecretaría “terminó transformándose en una agencia que no defendió los bienes del Estado” y que no tendrían que haberse creado secretarías que fueron cómplices de las usurpaciones.
El oficialismo y la oposición acordaron aprobar la iniciativa, a pesar de que había algunas improlijidades que se estaban buscando sanear a partir de ahora. A su vez, la radical Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) solicitó que se agregara un artículo para que Catastro informe la situación de cada uno de los casos que pasaron a su órbita.
Con un discurso duro, Agustín Romano Norri (Evolución Radical) puso el acento en que el tema llegaba al recinto como “consecuencia del fracaso de la Subsecretaría de Regulación Dominial”. Aunque adelantó su acompañamiento para que Catastro brinde soluciones a deudas pendientes del Estado, señaló que algo así no debe volver a ocurrir, mucho menos que se use una repartición pública para “pagar” a dirigentes que no han llegado a un cargo por el voto popular.
Rechazo del PJ
La Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat había sido creada en 2007, durante el primer mandato de José Alperovich mediante el Decreto Acuerdo N° 10/1. El legislador Sergio Mansilla (Justicialista), que fue parte de aquella gestión, recogió el guante lanzado por la oposición y rechazó la postura de que no debieron crearse oficinas de ese tipo. “Dio la posibilidad de regularizar situaciones de años y años a mucha gente. Decir que fue innecesario por culpa de algún funcionario que no haya cumplido sus deberes está de más. Denostar a una oficina que dio tantas soluciones a mucha gente, sobre todo del interior... La oficina cumplió su objetivo hasta cierto punto. Luego hubo situaciones que todos conocemos y no queremos”, lanzó.
Raquel Nievas (Trabajando para Tucumán), por último, avaló la decisión del Ejecutivo de cerrar la repartición con presuntos casos de corrupción, pero remarcó que no se debe perder de vista que generó daños colaterales en las familias perjudicadas.
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