“Tampoco muerto encontraría paz. Me utilizan en vida y encontrarán el modo de hacerlo estando muerto”. La frase la dijo Diego Armando Maradona en 1996 y refleja exactamente lo que está sucediendo hoy, 29 años después. Es que el escándalo se desató luego de que trascendiera que una de las juezas que lleva adelante el debate había dado consentimiento para ser parte de un documental privado que se emitiría luego del juicio. El juicio comenzó el 11 de marzo en el Tribunal 3 de San Isidro, por donde ya pasaron 44 testigos, entre ellas las hijas de Maradona, en 19 audiencias. Tras conocerse los pormenores del documental, los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo avanzaron en una causa paralela que investiga la relación de la jueza Julieta Makintach con el mismo y se conocieron videos que confirman que un camarógrafo la estuvo filmando durante los debates. Incluso, ese videoasta así lo declaró y se comprobó que no pidió autorización para hacer las imágenes en el palacio. En ese contexto, la jueza alegó que ella no considera que haya cometido un delito. Al mismo tiempo la Universidad Austral la suspendió de sus funciones como docente y le abrió un sumario.
El juicio investiga la muerte del ex futbolista y se acusa a ocho profesionales médicos y enfermeros por presunto homicidio simple con dolo eventual. Los fiscales han acusado a los médicos de proporcionar un tratamiento domiciliario "imprudente" y "deficiente" a Maradona, alegando que fue abandonado a su suerte durante un "período prolongado y agonizante" antes de su muerte. Se debate si la muerte de Maradona se debió a negligencia médica o si fue resultado de un asesinato, con la defensa asegurando que la muerte fue inesperada y que no hubo relación de causalidad directa con la conducta de los acusados. Además de los médicos y enfermeros, se encuentran involucrados profesionales de la salud como psicólogos y nutricionistas, así como familiares y allegados de Maradona, que fueron citados como testigos. En grabaciones a las que accedió la Justicia, obtenidas tras un allanamiento a la productora implicada, exponen a la magistrada hablando a cámara, acomodándose el cabello y pronunciando frases ensayadas mientras se desarrollaban audiencias clave del juicio. La jueza se caracteriza por mantener una presencia activa en redes sociales. Es hija del juez Juan Makintach, una figura de largo recorrido en San isidro. También es hermana de Juan Makintach (h), vinculado a la productora Pegsa, inicialmente señalada como posible responsable de las grabaciones. La mujer es, según ella misma asegura, magíster en derecho penal, profesora en la Universidad Austral. Está casada y es madre de dos hijos, una de 14 y otro de 10.





















