“Miguelón” Figueroa, condenado por amenazas: “Acepto todo sobre la investigación y pido perdón”

“Quiero pedirles disculpas a las víctimas del legajo, a sus hijos y a sus familias; sepan entender lo que me ha pasado. Me responsabilizo por lo que hice. Se haya malinterpretado, o no, me hago cargo de lo que dije”, manifestó ayer Miguel Eduardo “Miguelón” Figueroa minutos antes de ser condenado a ocho años de prisión por haber amenazado mediante un audio de WhatsApp al gobernador Osvaldo Jaldo, al juez Gonzalo Ortega y a los fiscales Ignacio López Bustos, Carlos Sale y Pedro Gallo. Su ex pareja, Marcela Noemí Díaz, también recibió una pena de dos años de prisión condicional por haber colaborado en la difusión del mensaje intimidatorio.

El pasado 17 de marzo tomó estado público un fuerte mensaje que “Miguelón” había enviado desde el penal de Marcos Paz (Buenos Aires), donde cumplía una condena por dos homicidios. En el mismo, el imputado amenazó de muerte al primer mandatario, a los funcionarios judiciales y a sus familiares. El contexto detrás de la amedrentación radica en que un día antes el hijo de Figueroa había fallecido, por lo que solicitó mediante un escrito permiso para ser trasladado a Tucumán para asistir al velorio.

Al enterarse que el pedido fue rotundamente rechazado, aprovechó que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal le permitieron hacer una llamada telefónica con Díaz y fue allí que acordó con ella grabar un mensaje de audio por WhatsApp con naturaleza intimidatoria.

“Les quiero decir a esas cinco personas a ver si ahora me van a devolver la vida de mi hijo con todo el daño que me han hecho por todo lo que ellos han hecho mal. No es que esté amenazando ni nada, pero ustedes todavía no han vivido lo que uno está viviendo acá: que le hayan matado a un hermano, que hayan perdido una madre y que se haya ahorcado un hijo. El día que ustedes vivan en carne propia, que se les muera un hijo o les maten un hijo, recién ahí van a saber lo que es. Acuérdense bien de mí”, decía parte del mensaje grabado por “Miguelón”.

Al día siguiente, el 17 de marzo, Díaz envió el audio al celular de una periodista tucumana, Mariana Romero, quien ese mismo día se lo compartió al fiscal Sale y éste hizo lo mismo con las otras víctimas. Inmediatamente el abogado José María Molina, en representación del Superior Gobierno de la Provincia, presentó una denuncia para que se investigara lo sucedido.

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, que dirige Carlos Picón, se hizo cargo de la causa. Siguiendo la hipótesis fiscal, el sospechado de ser narco y condenado por dos homicidios habría elegido a Jaldo por considerarlo responsable de las dos condenas a perpetua que había recibido; a los fiscales Sale y López Bustos, por mantener la acusación en su contra; a Gallo, por no actuar rápidamente en un trámite; y al juez Ortega, por no permitirle el traslado desde la cárcel de Marcos Paz a Tucumán para que pudiera participar del sepelio de su hijo. “El fin que tenía Miguelón era amedrentarlos y lograr obtener de los mismos, mediante presiones o coacción, el traslado que había solicitado”.

Reformulación

El pasado 4 de abril, Picón y el auxiliar de fiscal, Gustavo Benjamín Zavalía, imputaron a Díaz y a Figueroa por el delito de amenazas coactivas. Ayer, los representantes del Ministerio Público Fiscal reformularon los cargos en contra de la mujer y la imputaron como partícipe necesaria del delito de amenaza simple. Según explicó Zavalía, el cambio se produjo a raíz de una declaración que realizó Díaz el pasado 30 de julio. “Quiero dejar en claro, por mi parte, que la intención del mensaje no era obligar ni presionar a alguien para que hiciera algo en contra su voluntad. Lo que yo entendí y pretendía era que el mensaje amenazante asustara o amedrentara a estas víctimas, nada más. No sabía que con eso se pretendía conseguir algún traslado ni que hubiera presentado antes pedidos con ese objetivo”, dijo la acusada.

A partir de la declaración aportada por su defensor, Víctor Alberto Padilla, sumado a nuevas evidencias recolectadas durante los últimos meses, los investigadores consideraron que la mujer solamente grabó el audio siguiendo las instrucciones de Figueroa, sin saber que sería utilizado por su ex pareja con fines coactivos. “Díaz reconoció haber grabado el mensaje de voz que le dictó Figueroa. Su intención era generar temor o inquietud sin buscar una finalidad coactiva. No sabía que Figueroa pretendía intimidar para obtener una mejora penitenciaria”, sostuvo Picón, quien la imputó como partícipe necesaria del delito de amenaza simple.

Juicio abreviado

Acto seguido, Zavalía presentó un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron junto con Padilla y el defensor oficial, Hernán Molina, en representación de Figueroa. El mismo consistía en que “Miguelón” recibiera la pena de ocho años de prisión efectiva por ser autor del delito de amenazas coactivas agravadas y que Díaz fuera sometida a dos años de prisión de ejecución condicional más el cumplimiento de reglas de conductas.

Al ser consultado por el juez Augusto José Paz Almonacid, Figueroa reconoció su responsabilidad penal y pidió disculpas a las víctimas. “Acepto todo sobre la investigación que hicieron los doctores Picón y Zavalía y les doy las gracias por no haberme dado una condena más alta. Pido perdón por todos los insultos que dije”, manifestó.

Díaz también admitió su culpabilidad pero prefirió abstenerse de hacer alguna declaración al respecto. Luego de un cuarto intermedio, el juez Paz Almonacid resolvió homologar el convenio de juicio abreviado, condenar a Miguelón a ocho años de prisión y dispuso que Díaz recupere la libertad para cumplir la sentencia condicional.

Grave antecedente: “Miguelón” Figueroa ya habría amenazado a fiscales para suspender dos juicios por homicidio en su contra

No es la primera vez que “Miguelón” Figueroa está bajo la lupa por amenazar a autoridades judiciales. En 2024, seis días antes de afrontar el primer juicio en su contra por un doble crimen, fue señalado como el autor de un posteo intimidante en Instagram que, según los especialistas, estaba dirigido a los testigos y a los fiscales Ignacio López Bustos y Carlos Sale, encargados de sostener la acusación en su contra.

El Ministerio Público Fiscal después de las amenazas que habría realizado el supuesto narco, solicitó formalmente a la Oficina de Gestión de Audiencias la suspensión de ese juicio que debía comenzar el lunes 5 de febrero y el otro, que había sido programado para el 26 de febrero. Al enterarse de lo que estaba sucediendo, el gobernador Osvaldo Jaldo se mostró molesto por la intención de que se suspendieran los debates. 

“Están dadas todas las garantías para que se realice y, si es necesario, se pueden tomar más”, afirmó el Ejecutivo. El Colegio de Jueces analizó el caso y tomó la decisión de no suspender el debate, pero requirió un refuerzo de seguridad. Finalmente ambos juicios se desarrollaron con normalidad y Figueroa fue condenado a perpetua en ambos.