Causa Vialidad: Cristina Kirchner solicitó a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes
La presentación de la ex mandataria se efectuó al filo de que venza el plazo −a las 9.30 de este miércoles− para que deposite, junto con el resto de los condenados, los U$S530 millones establecidos por el tribunal.
La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó este martes suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión que fue adoptada por el tribunal que la condenó en la causa Vialidad.
La presentación de la ex mandataria, realizada en primera persona y firmada también por el abogado Alberto Beraldi, se efectuó al filo de que venza el plazo −a las 9.30 de este miércoles− para que deposite, junto con el resto de los condenados, los U$S530 millones establecidos por el tribunal oral por el decomiso de bienes para reparar el perjuicio ocasionado al Estado.
Tras explicar que el decomiso pretende recuperar los bienes producto del delito, dijo: “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”. Afirmó que así lo acreditan los fallos donde fue sobreseída por enriquecimiento ilícito, consignó el diario La Nación.
“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”, sostuvo.
Cristina Kirchner cuestionó el monto del decomiso
Por otra parte, la ex presidenta cuestionó la metodología de cálculo de actualización que hicieron los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu del monto del decomiso establecido en $684.990.350.139. Planteó que hubo graves violaciones constitucionales.
Argumentó que hubo “errores fácticos y jurídicos” al calcular la suma a decomisar porque se “convirtió una estimación provisoria en definitiva sin sustanciación ni debate previo". Dijo que se usó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “sin explicar por qué se descartaron alternativas técnicas sólidas, como la aplicación de tasas bancarias”.
Por eso, Cristina se quejó de recibir un “trato desigual y arbitrario”, ya que el mismo tribunal, días antes de la intimación o en casos similares, utilizó “la tasa activa del Banco de la Nación Argentina” para actualizar reparaciones económicas o embargos. Dijo que al usar el IPC se incrementó “en cien veces el monto”, lo que evidenciaría un “proceso de carácter confiscatorio” prohibido por la Constitución Nacional.
Utilizar el IPC para el decomiso “supone trasladar criterios propios de la acción civil de reparación al decomiso penal, lo cual resulta inválido” y genera una “superposición indebida de efectos jurídicos”, argumentó.
La presentación subrayó que existió una “clara confusión” entre el decomiso y la reparación de perjuicios”. Además, planteó que si ya la están ejecutando en la demanda civil y comercial federal, no pueden al mismo tiempo y por los mismos hechos decomisarle sus bienes en este tribunal federal penal.
El escrito también señaló que el decomiso es una pena accesoria que no implica responsabilidad solidaria, a diferencia de la reparación de perjuicios. Extender el decomiso a otros bienes violaría los principios de culpabilidad y trascendencia de la pena, sostuvo.
Además, sostuvo que la casi totalidad de los bienes recibidos por Máximo y Florencia Kirchner fueron adquiridos por sus padres en fechas muy anteriores a los hechos por los que fue condenada. En su escrito ante la Casación, la ex presidenta dijo que en caso de que no le den la razón, se reserva la facultad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para cuestionar el monto del decomiso.
Reiteró además la posibilidad de acudir a “organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos” ante lo que calificó como graves violaciones a garantías constitucionales y convencionales de las que se considera víctima.






















