IMAGEN TOMADA DE TN
L-Gante vivió un duro revés en el Aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba abordar un vuelo con destino a México, donde tenía compromisos laborales. En el área de Migraciones le impidieron salir del país por figurar en el registro de deudores alimentarios.
El episodio reflotó el conflicto legal que mantiene con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica. En declaraciones televisivas, el abogado de Báez, Juan Pablo Merlo, precisó que el reclamo se centra en la cuota alimentaria que el músico no estaría cumpliendo.
“Nosotros sí o sí queremos que Jamaica reciba lo que por derecho corresponde, que son alimentos, nada más. Defendemos a la menor porque son derechos que ella tiene, y si él no cumple, vamos a seguir solicitando medidas”, explicó Merlo en el programa A la Tarde (América).
El letrado aseguró que la Justicia ya determinó un monto provisorio de 5.000 dólares que el cantante debe abonar. “Él tiene un buen ingreso, no es un trabajador común. Incluso gana dinero en Europa y otros países. Por eso se fijó ese monto. Nosotros pedimos 10.000 dólares, pero el juez lo estableció en 5.000”, señaló.
Merlo también cuestionó la versión de L-Gante, quien asegura que, además de la cuota, entrega dinero extra a Tamara para gastos diarios. “Cuando uno paga mal, paga dos veces. Si él dice que le da plata, que lo demuestre, pero no creemos que sea así. La Justicia fue clara: debe pagar 5.000 dólares”, advirtió.
El conflicto se arrastra desde 2022, cuando según el abogado, el músico habría convencido a Tamara de aceptar una suma mucho menor a la ordenada por el juez: “Le dijo que le daría 300.000 pesos en lugar de los 5.000 dólares. Él es duro para largar plata”, sostuvo.
Actualmente, de acuerdo con Merlo, L-Gante estaría entregando “un poco más” en medio de las presiones judiciales, llegando a cifras cercanas al millón de pesos, aunque aún lejos de lo que la Justicia dispuso.
Mientras tanto, el músico permanece imposibilitado de salir del país hasta ponerse al día con la deuda alimentaria que la Justicia considera prioritaria para garantizar los derechos de Jamaica.























