Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”

La última audiencia del debate que se realiza desde hace 16 meses por el destino que la Universidad Nacional de Tucumán les dio a los fondos provenientes de la minería tuvo como protagonista nuevamente al fiscal de Cámara Pablo Camuña quien, al dirigirse a los miembros del Tribunal Oral Federal, afirmó que la causa estuvo atravesada por la corrupción. “No podríamos hablar de corrupción, según la defensa. Pero la corrupción está. Es evidente y está jurídicamente definida”, expresó en una exposición que buscó rebatir las nulidades planteadas por las defensas de los imputados y reafirmar la magnitud del daño que, a su criterio, sufrió la casa de altos estudios.

El caso se remonta a 2006, cuando la UNT recibió millonarios fondos de YMAD para obras de infraestructura. Durante la gestión del ex rector Juan Alberto Cerisola, esos recursos fueron destinados a distintos proyectos que hoy son cuestionados por supuestas irregularidades administrativas y financieras. La acusación sostiene que hubo una defraudación contra la Universidad y que, a través de un esquema de contrataciones y manejos discrecionales, se favoreció a empresas y actores privados en perjuicio de la institución. Durante su alegato, las defensoras del ex rector, Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen, negaron tales acusaciones y cuestionaron la calificación de “corrupción” que esgrimió la fiscalía.

Camuña, al responder esas objeciones, fue categórico: “Estamos ante un caso de corrupción rampante, de enorme magnitud, que causó un perjuicio gravísimo en la Universidad Nacional de Tucumán. No se trata de un invento de la fiscalía, ni de una valoración subjetiva. Está en la Constitución Nacional, en la Convención Interamericana y en la Convención Internacional contra la Corrupción. Funcionario público que maneja fondos públicos y los utiliza de manera ilícita: eso es corrupción aquí y en cualquier parte del mundo”. Ante él, y de forma presencial, estuvieron los miembros subrogantes del TOF, Jorge Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl.

El deber de acusar

El fiscal también se refirió a los cuestionamientos personales que recibió el Ministerio Público Fiscal por parte de las defensas. “Se nos acusó de hacer política, de demagogia, de discursos de odio. Quiero rechazar enfáticamente esas manifestaciones. Nosotros no tenemos ningún interés en este proceso más que ejercer la acción pública con responsabilidad. Terminamos este juicio y seguimos con otro, sin más. Nuestro deber es acusar cuando corresponde, no hacer política partidaria”, sostuvo con firmeza, en uno de los pasajes más tensos de su intervención.

En su exposición, Camuña advirtió además sobre un planteo de la defensa de Cerisola que, paradójicamente, podría derivar en una pena más alta contra su defendido. “La defensa pidió que no se aplique el criterio del fallo ‘Pompas’ y que se considere un concurso real de delitos. Eso llevaría la pena máxima de seis a dieciocho años. Es curioso, porque es la propia defensa la que abre la puerta a una condena más severa. Nosotros ya hemos pedido la pena que corresponde y no podemos volver atrás, pero dejamos sentado que el tribunal tiene facultades para valorar ese planteo”, explicó el fiscal. Camuña también apuntó contra las estrategias de la defensa que, según él, buscaron distraer al Tribunal. “Se recurre a argumentos falaces para ocultar la falta de fundamentos jurídicos. Se intenta instalar que hubo una vulneración al principio de congruencia porque un perito (el ingeniero Francisco Guzmán) respondió más allá de lo que se le pidió. Pero esa pericia fue solicitada por la propia defensa, y el perito de parte estuvo presente en todo momento. No se puede pedir una nulidad porque el resultado no fue el esperado”, ironizó el fiscal, al descartar los planteos de invalidez que se habían formulado durante el debate.

La UNT, “defraudada”

Finalmente, el representante del ministerio público volvió sobre la idea central que marcó todo su alegato: el perjuicio institucional. “Aquí no sólo hablamos de números. Hablamos de la afectación a una de las instituciones más importantes de Tucumán. La universidad fue defraudada por quienes debían protegerla. Eso es lo que configura este caso como un acto de corrupción grave contra el Estado”, enfatizó, antes de dejar en manos del tribunal la decisión final sobre la responsabilidad de Cerisola y los demás imputados Olga Cudmani, Luis Sacca y Osvaldo Venturino para quienes se había pedido seis años de cárcel, cuatro, dos y dos respectivamente.

Posteriormente hizo uso de la palabra el representante de la querella, Patricio Esperguín, quien también rechazó el pedido de nulidades que habían planteado las defensas, así como el planteo de que la causa había prescripto. Como ni la fiscalía ni la querella hicieron uso del derecho a réplica, los jueces no permitieron que los defensores Peyrachia, Alfredo Falú, Víctor Taleb y Pamela Tenreyro, hicieran dúplica tras lo cual se dio por concluida la audiencia.

Últimas palabras y sentencia

El próximo martes 26, desde las 9.30, los miembros del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Jorge Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, les darán la oportunidad a los cuatro imputados, Juan Alberto Cerisola, Olga Cudmani, Luis Sacca y Osvaldo Venturino de decir sus últimas palabras, a más de un año y cuatro meses de haber comenzado el juicio. Es facultad de cada uno de hacer uso de ese derecho. Luego los jueces harán un cuarto intermedio y finalmente darán a conocer el veredicto.