11 Septiembre 2025
Ocho claves para entender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario
El presidente vetó la ley de financiamiento universitario, que buscaba actualizar presupuestos y recomponer salarios docentes y no docentes, generando incertidumbre sobre el futuro de la educación superior pública en Argentina.
Ocho claves para entender la ley de financiamiento universitario vetada por Milei
El presidente de la Nación, Javier Milei, ejerció su facultad de veto sobre dos leyes clave aprobadas recientemente por el Congreso: la de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica. Estas iniciativas buscaban asegurar recursos adicionales para el funcionamiento de universidades y hospitales pediátricos, en medio de un contexto político tenso tras el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
Aún queda pendiente la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se encuentra bajo análisis y cuya definición podría marcar la agenda fiscal y política del país. A continuación, se presentan diez claves para comprender el alcance y las implicancias de estas iniciativas:
1. Plazo del veto presidencial
Según el artículo 80 de la Constitución Nacional, el presidente tiene un plazo de 10 días hábiles para devolver un proyecto de ley al Congreso con observaciones o ejercer su veto. Este plazo se cuenta desde la comunicación formal de la sanción del Congreso al Poder Ejecutivo. En el caso de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, este plazo vencía el jueves 11 de septiembre, momento en el que Milei decidió vetarlas, haciendo uso de sus facultades constitucionales.
El cumplimiento de este plazo es crucial, porque si el Ejecutivo no devuelve el proyecto ni lo veta dentro de los 10 días hábiles, la ley se considera aprobada automáticamente, tal como prevé la Constitución. Por eso, la decisión de Milei tuvo un efecto inmediato y definitorio sobre estas iniciativas.
2. Posibilidad de insistencia del Congreso
Tras el veto presidencial, el Congreso tiene la facultad de insistir con la sanción de las leyes. Esto requiere que ambas cámaras aprueben nuevamente el proyecto, aunque sea en idénticos términos, y que logren los mayores de dos tercios de los votos presentes para superar el veto.
Este mecanismo ya se utilizó anteriormente con la ley de emergencia de discapacidad, cuando el Congreso logró insistir pese a la negativa presidencial. Por lo tanto, existe un escenario abierto de enfrentamiento institucional: el Ejecutivo busca limitar el gasto público, mientras el Legislativo insiste en garantizar recursos para educación.
3. Financiamiento universitario: actualización presupuestaria
El proyecto de ley aprobado por el Senado el 22 de agosto buscaba actualizar las partidas presupuestarias para universidades, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión universitaria al 1° de enero de 2025. Esta actualización tenía en cuenta la inflación acumulada de 2023 y 2024, con el objetivo de que las instituciones educativas contaran con recursos suficientes para su funcionamiento y planes académicos.
El proyecto también incluía la actualización de partidas bimestralmente, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, asegurando que el presupuesto se ajustara de manera continua a la evolución de los precios y al costo real de los servicios.
4. Ajustes salariales docentes y no docentes
Además de los fondos generales, la iniciativa contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes. Este ajuste se aplicaría desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, tomando en cuenta la inflación acumulada. Posteriormente, las actualizaciones serían mensuales según el IPC.
El objetivo era garantizar que los salarios del personal universitario no se vieran erosionados por la inflación, manteniendo la capacidad adquisitiva del sector académico y promoviendo condiciones laborales justas en universidades públicas.
5. Contexto presupuestario crítico
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que, pese al reciente aumento del 29% otorgado mediante Decreto 425/25, los recursos asignados a Educación Superior para 2025 se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas.
En términos reales, el presupuesto proyectado sería 9% inferior al de 2024 y acumula una caída del 32% desde 2023, lo que podría comprometer seriamente el funcionamiento de las universidades. Esto genera un riesgo concreto para garantizar acceso a educación superior gratuita y de calidad, afectando la inversión en infraestructura, investigación y formación docente.
6. Impacto en el funcionamiento de las universidades
La falta de actualización presupuestaria y recomposición salarial puede afectar de manera directa:
La infraestructura universitaria, incluyendo laboratorios y bibliotecas.
La capacidad de investigación científica y tecnológica, que depende de financiamiento estable.
La extensión universitaria y programas de inclusión, limitando el acceso de estudiantes a actividades educativas complementarias.
En términos generales, el recorte presupuestario podría afectar la calidad de la educación pública, su alcance y su sostenibilidad.
7. Efecto en los salarios y la retención de personal
Sin la ley, los ajustes salariales por inflación quedarían incompletos, afectando la remuneración real de docentes y no docentes. Esto puede generar:
Conflictos gremiales y reclamos por recomposición salarial.
Dificultades para retener personal calificado, especialmente en áreas de investigación y docencia crítica.
Pérdida de competitividad frente a universidades privadas o extranjeras.
8. Historia de vetos similares
En octubre de 2024, Milei vetó una ley de financiamiento universitario similar, y esa decisión fue posteriormente ratificada por la Cámara de Diputados.
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