La Provincia elevó a $11.687 millones el reclamo por la obra del dique El Cadillal

La Casa de Gobierno multiplicó por 12 su reclamo contra Hidroeléctrica Tucumán SA (HTSA), concesionaria del Complejo Hidroeléctrico Celestino Gelsi -conocido como el dique El Cadillal-, con el objetivo de recuperar los fondos invertidos en la reparación de la presa lateral N° 3.

De esta forma, el litigio tramitado en el fuero federal escaló en sus montos hasta convertirse en una de las demandas de mayor envergadura por parte de la Provincia contra un particular.

A través de la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, el Poder Ejecutivo (PE) pasó de exigir una suma de $936 millones a  $11.687 millones, valor que podría ser actualizado otra vez de acuerdo a los certificados de redeterminación de obras, de imprevistos y de otros ítems que pudieran surgir hasta la finalización de los trabajos ejecutados por la unión de empresas Sabavisa SA-Mercovial SA.

Por su parte, la empresa negó que corresponda cubrir los costos de las reparaciones, y cuestionó la necesidad y la urgencia de llevar adelante esta obra. Además, HTSA insiste por el levantamiento de una medida cautelar que dispuso el embargo preventivo por $1.232 millones, monto compuesto por los costos de la primera etapa de la obra y otros gastos generados para hacer frente a la reparación de la presa lateral N°3 del dique El Cadillal.

El expediente se originó en marzo de 2024, cuando la Provincia recurrió a la Justicia Federal de Tucumán para plantear una demanda para cobrar los fondos invertidos en los arreglos.

Un año antes, mediante un DNU ratificado por la Legislatura, el Poder Ejecutivo había dispuesto la contratación directa, previo cotejo de precios, de Sabavisa-Mercovial. En principio, se había estimado que el proyecto para reparar la fisura detectada en la presa lateral N° 3 alcanzaría los $688 millones. A eso se sumaron luego otros costos por inspecciones técnicas y redeterminaciones de precios. Así, se alcanzó la cifra inicial reclamada por la Provincia. “Este gasto fue erogado para evitar la pérdida de vidas humanas y bienes encontrándose comprometida la seguridad pública de sus habitantes, con el abastecimiento de agua para la población y del sector agrícola e industrial”, advirtió el Gobierno en el planteo de 2024.

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El expediente sumó numerosos planteos en este tiempo. Incluso, hubo una discusión respecto a la competencia. La empresa, que tiene sede en CABA, logró imponerse en este punto, dado que el caso pasó del Juzgado Federal de Tucumán al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°1, a cargo del juez federal Enrique Alonso Reguera.

El 9 de mayo pasado, la Fiscalía de Estado formalizó la ampliación de la demanda contra Hidroeléctrica Tucumán SA.

En ese escrito se argumentó que fue necesario ampliar la primera etapa de la obra a los fines de “resguardar la seguridad de la presa”, con una inversión de $3.246 millones; y una segunda etapa, por $6.998 millones. A ello se añaden los honorarios por la inspección de los trabajos (equivalente al 3% del total), por lo cual se elevó el reclamo a $11.687 millones, aunque este número también podría ser actualizado.

“Esta obra y gasto fue realizado por la Provincia ante el incumplimiento de la parte demanda en la toma de medidas y trabajos necesarios para el mantenimiento y cuidado de la Presa Lateral 3, como así con las tareas de auscultación y medición; y todo el proceso de análisis, diagnóstico del problema y verificación de estado de la represa, no obstante la continuidad de la de la explotación de la misma durante 27 años, desde el año 1996”, expuso el Ejecutivo en un escrito de 247 páginas.

Además, se incluyeron informes técnicos que, a criterio de la Fiscalía de Estado, respaldan no sólo la importancia de concretar estas tareas, sino también “la premura” con la que se debía actuar para evitar que los riesgos de colapso se incrementaran.

La empresa, como había sucedido con el primer reclamo, rechazó las pretensiones del Gobierno provincial. A través del abogado Fabián Estanislao López Moras, Hidroeléctrica Tucumán SA aseguró que en ninguno de los distintos informes de auditoría externa elaborados desde 1999 “se ha imputado alguna acción u omisión que sea la causa del estado ruinoso en que se encontraba la presa lateral N° 3 antes de la realización de la obra por parte de la Provincia”. “Por el contrario, en todos ellos, siempre se ha señalado que la actuación (e la empresa) ha sido ‘muy buena’, ‘satisfactoria’, etcétera”, indicó el letrado. Y sostuvo que los “asentamientos” registrados en ese sector del dique “son causados por defectos constructivos previos, incluso a la concesión de la central”, por lo que no puede atribuirse “culpa o negligencia” a la concesionaria del dique. En paralelo, HTSA cuestionó la urgencia y los pasos administrativos seguidos por el Gobierno.

A la vez, la Estado nacional respondió a la ampliación de la demanda como tercero interviniente -a instancias de un planteo de la empresa-, y rechazó que corresponda a las arcas federales asumir los costos de la obra. En la respuesta, firmada por la abogada Karina De Matteo, figura un párrafo que fue marcado con resaltador en las oficinas de la Fiscalía de Estado. “Como se advierte de la lectura de los contratos de concesión, surge claramente la responsabilidad de la concesionaria frente al tema en cuestión”, advirtió De Matteo.

¿En qué instancia se encuentra el proceso? Por pedido de la Fiscalía de Estado, el juez Alonso Reguera dispuso la apertura para ofrecer pruebas a las partes por un plazo de 40 días. En paralelo a este expediente principal, se tramitan otros incidentes en los cuales la empresa solicita el levantamiento de la medida cautelar que derivó en el embargo de los fondos girados por Cammesa, algo que tampoco prosperó en el ámbito de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del fuero federal.

Así, el desarrollo de este litigio asoma complejo, aunque la decisión del Gobierno provincial es llegar hasta las últimas instancias para recuperar los fondos invertidos en la recuperación del dique El Cadillal. Sobre todo, porque el plazo de concesión por 30 años finaliza en julio de 2026.