Un fiscal federal pidió la indagatoria del titular del PAMI y del director local por desobedecer una orden judicial

El fiscal federal N° 2 subrogante de Tucumán, Agustín Chit, solicitó la citación a declaración indagatoria de Esteban Ernesto Leguizamo, titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), y de Ernesto Raúl José Iramain, director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) Tucumán, en el marco de la causa “Denunciado. PAMI s/ resistencia o desobediencia a funcionario público” (Expte. N° FTU 7024/2025).

Según el dictamen, ambos funcionarios incumplieron deliberadamente una orden judicial que disponía la suspensión en Tucumán de las resoluciones PAMI N° 2431/2024 y 2537/2024, las cuales habían modificado el régimen de acceso a medicamentos con cobertura del 100%. La medida cautelar, dictada el 14 de febrero de 2025 por el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza en el marco del amparo colectivo “JUBYPEN Mendoza y otros c/ INSSJP – PAMI”, ordenaba restituir el sistema anterior -el Plan Vivir Mejor- y publicitar la decisión en medios masivos de comunicación de la provincia.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por Patricia Micaela Neme y Juan Andrés Robles, apoderados de la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario (REDECU), quienes advirtieron que el PAMI no había cumplido la orden judicial. Los denunciantes aportaron pruebas de que Leguizamo fue notificado personalmente mediante carta documento el 28 de mayo, con acuse de recibo el día 29, y que pese a ello no ejecutó la suspensión ni la difusión ordenada.

El fiscal detalló que la Cámara Federal de Tucumán había declarado su incompetencia y remitido el expediente a Mendoza, donde se dictó la cautelar que ordenó reestablecer la cobertura total en Tucumán. Sin embargo, los informes del Colegio de Farmacéuticos y de distintas farmacias locales -entre ellas “Del Pueblo”, “La Unión”, “Plazoleta” y “Torres”- confirmaron que el PAMI seguía sin otorgar el 100% de cobertura generalizada, tal como exigía la sentencia.

En su presentación, Chit consideró que las conductas de Leguizamo e Iramain encuadran en los delitos de desobediencia judicial y omisión de deberes de funcionario público. El fiscal señaló que ambos funcionarios, debidamente notificados, omitieron cumplir una orden legítima que garantizaba el derecho a la salud de un colectivo vulnerable, agravando así su responsabilidad penal.

El dictamen resalta que el incumplimiento de la medida afectó directamente a jubilados y pensionados tucumanos, quienes continuaron sin acceder al 100% de los medicamentos esenciales. Además, menciona que el PAMI sólo publicó un aviso en la sección de clasificados de LA GACETA, lo que demuestra el conocimiento de la resolución por parte del responsable local.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se cite a indagatoria a Leguizamo y a Iramain “por incumplir sus deberes como funcionarios públicos y no dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes”, en una causa que pone en el centro del debate el respeto a las decisiones judiciales y la protección efectiva del derecho a la salud de los jubilados.