Lecciones peruanas y malos cálculos argentinos

Con la destitución y reemplazo de Dina Boluarte ya van ocho presidentes peruanos en diez años y la economía sigue estable. No es una maravilla y hay situaciones sociales complicadas, pero obviando la caída que todos pasaron por la pandemia hace años que continúa andando y sin inflación. Entre las explicaciones posibles hay dos interesantes.

Una, la Justicia. Cuando el presidente Martín Vizcarra cerró constitucionalmente el Congreso en 2019 los analistas se preguntaban cómo era posible que la inestabilidad política no se tradujera en inestabilidad económica. Una respuesta popular en Lima fue que el ex Presidente que no estaba preso estaba muerto. Pueden robar o abusar del poder pero al final todos terminan en los tribunales. No parece muy disuasivo pues las destituciones continúan, pero tal vez los gobernantes hubieran sido peores sin esa espada de Damocles. Y los incentivos judiciales podrían estar jugando en otra línea junto a un consenso contra la inflación, la segunda explicación.

Porque el directorio del Banco Central depende de la política. Sus miembros se renuevan cada cinco años, luego de las elecciones de legisladores y presidente de la Nación (no hay comicios intermedios): tres nombrados por el Congreso y tres por el presidente de Perú, quien además propone el presidente del Banco pero necesita ratificación parlamentaria. Y desde 2006 ese funcionario es el mismo, Julio Velarde. Quien suele repetir que si autorizara financiar el gobierno, algo muy limitado legalmente, terminaría preso y por eso no emite de más. Consenso político en reducir el déficit y no pedirle dinero al Central, respeto por la acción judicial. Ya se verá si esa línea continúa o no.

El desplazamiento de Boluarte permite tocar un tema argentino que muestra lo mal que consideran los números los gobernantes: la moción de censura contra el jefe de gabinete, idea que circuló en ámbitos legislativos. Este funcionario es un remedo de primer ministro, instalado con la idea de ser un fusible ante las crisis. Que en lugar de dar un golpe de Estado y que caiga todo el sistema democrático se aparte sólo al responsable de la administración. Para ello hay tres pasos. Primero, alguna Cámara debe interpelarlo por mayoría absoluta del total de sus miembros. Dos más, cada Cámara debe votar su remoción para la que hace falta la mayoría ya señalada y en cada una de ellas.

Pero un juicio político necesita dos pasos, acusación por Diputados y sentencia por el Senado, ambas por mayoría de dos tercios de los presentes. Entonces, con quórum estricto el Presidente puede caer por el voto de poco más del 33 por ciento de los miembros de cada Cámara en dos votaciones cuando para correr al jefe de gabinete hace falta más del 50 por ciento y en tres votaciones. Recién cuando esté presente más del 77 por ciento de los miembros de cada Cámara resultará más difícil destituir al Presidente que al jefe de gabinete. No tiene sentido.

También pueden verse números olvidados en los decretos excepcionales. Contra toda su historia de abusos, el kirchnerismo promovió y el Senado aprobó un proyecto que limita los DNU. Diputados no lo aceptó completo y volvió a los senadores, quienes seguramente lo ratificarán. No luce mal. Caducidad cronológica (a los 90 días corridos si no es ratificado), necesidad de aprobación por las dos Cámaras (hoy el rechazo debe ser por las dos) y prohibición de decretos ómnibus. Pero no abarca promulgación parcial ni decretos delegados, otros instrumentos para el abuso.

Y olvida un punto esencial. La Constitución dispone que algunos proyectos requieren mayorías agravadas para ser ley: cálculo sobre el total de miembros y no sobre los presentes o piso de dos tercios o tres cuartos en lugar de más de la mitad. O sea, un costo decisional mayor; la toma de decisiones será más costosa que con mayorías comunes porque hay que convencer, discutir y sumar más personas. Afrontarlo vale la pena cuando están en juego costos externos altos. Ellos son los que sufren los ajenos al grupo decisor o los miembros derrotados del grupo. Lo que pretende la Constitución es integrar más opiniones, derechos e intereses en decisiones importantes. Pero ese criterio no está contemplado en los decretos excepcionales.

Por ejemplo, en 2009 se aprobó la ley 26.571 de reforma política. En ella había un artículo, concesión del kirchnerismo a partidos menores para que lo acompañaran y alcanzar la mayoría especial, que disponía que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias rigieran después de 2011. La presidente de la Nación lo vetó y promulgó el resto. Como un decreto de promulgación parcial se aprueba con mayoría sobre los presentes y no sobre el total de miembros como las leyes electorales sirvió para gambetear la restricción constitucional. Vale para los tres decretos. Por mayoría común se pueden delegar facultades legislativas en materias que exigen mayoría calificada, también se pueden dictar DNU sobre tales temas o hacer uso de la promulgación parcial para estafar a los aliados y esquivar las restricciones. Es decir, tal como están las leyes los decretos excepcionales pueden atentar contra los objetivos garantistas de la Constitución.

Pero eso no está considerado en el proyecto aún en discusión, lo que hace pensar que fue impulsado más para complicar al gobierno que por espíritu republicano. De todos modos, hasta que el Senado insista, el PEN vete y el decreto correspondiente llegue al Congreso ya habrá pasado el 10 de diciembre y podría ser más fácil sostener la objeción, al menos en Diputados.

Lo que debería hacerse es una reforma que agregue que la validación de estos decretos excepcionales requiera la misma mayoría que la ley que modifican o sustituyen. Así se combinarían la necesidad de rapidez a la que parecen atender con las garantías que brinda la Constitución. Pero claro, eso significa tomarse en serio el trabajo. Aunque parezca lejos, si no se desvía ahora tal vez Perú pueda inspirar algunas actitudes.