Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

El caso Sunday es la última investigación que se abrió por una supuesta estafa contra decenas de ahorristas. Pero no es la única. En los últimos cuatro años surgieron al menos otras cuatro causas más. Según las estimaciones de los pesquisas, habrían generado un perjuicio económico por más de $4.570 millones.

Los modelos de captación a los que recurrieron los denunciados fueron siempre más o menos los mismos. Desde el aporte de la compra de autos para una empresa de viaje, pasando por la inversión de criptomonedas, continuando por aportes para realizar inversiones ficticias y hasta un sistema de capitalización, por solo citar algunos.

La oferta consiste en recibir dinero durante tres y seis meses a cambio de una tasa que suele ser el doble o el triple que se puede conseguir en la city por recomendación de allegados o personajes tucumanos. El resultado, como cualquier otra estafa piramidal, los ahorristas se quedaron sin cobrar el dinero prometido y, la mayoría de ellos, el capital que habían aportado.

“Lo que se pudo observar en todos estos casos es que estas empresas aparentan o intentan mostrar un patrimonio que no existe”, destacó Tomás Álvarez, representante de los denunciantes que hicieron estallar el caso Sunday. “Utilizan la plata de una inversión para solventar una deuda. Así van generando una cadena que en algún momento se cortará porque no produce dinero”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

“No hay un motivo, sino varios que inciden en la repetición de este tipo de casos. Sin lugar a dudas que el más importante es la crisis económica que genera una vulnerabilidad económica muy fuerte para los ahorristas. Para preservar sus ahorros buscan hacer una inversión a como dé lugar”, explicó Camilo Atim, que representa a una treintena de personas que denunciaron a los responsables de Sunday. “Son fáciles de engañar porque buscan desesperadamente asegurar sus ahorros por temor a la inflación o porque temen ser afectados por el fisco”, agregó el abogado que trabaja el expediente junto a María Florencia Abdala y Valentina Frascarolo.

No tuvo tanta repercusión mediática, pero el caso Soramus también está dando que hablar en los tribunales. “El proceso que atraviesan mis representados reviste enorme gravedad. Nos encontramos frente a gente que perdió los ahorros de toda su vida y dinero producto de ventas de propiedades de su familia”, indicó José María Molina.

“Este tipo de delitos debe denunciarse y perseguirse penalmente. La política criminal del Ministerio Público ha puesto foco en estos ilícitos. Debemos celebrarlo, ya que antes rara vez se los perseguía. Ahora queda claro que la acción civil no es la única forma para perseguir judicialmente a estas personas”, añadió el profesional.

Un problema

Este tipo de casos es investigado por la justicia ordinaria si se confirma que los acusados sólo cometieron una estafa. Pero pasa inmediatamente a la órbita de la Justicia Federal si se suman indicios de que para realizar esta actividad se conformó una asociación ilícita que hizo intermediación financiera y que además cometió lavado de activos.

No son expedientes sencillos, sino que lleva su tiempo investigarlos. Además, se necesita la colaboración de contadores y especialistas en la materia. Por ejemplo, un denunciante debe presentar evidencias de que realizó una inversión en la empresa señalada. Luego, los investigadores deben realizar un allanamiento para buscar información que respalde la versión del afectado. Por último, un grupo de profesionales debe realizar un informe sobre el material que se analizó.

“Sí se puede investigar una causa por estafa, los problemas comienzan cuando se debe analizar los otros delitos porque no se cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para hacerlo. Pero tampoco se busca solucionar esta falla pidiendo colaboración, como por ejemplo, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos”, sostuvo Alfredo Aydar, representante legal de las víctimas de los casos Intensive Live y Peck Capital.

Protección

El abogado Álvarez, que asiste a las víctimas de Sunday, recomendó tomar algunas precauciones. “Lo fundamental es comparar las tasas de interés que ofrecen estas empresas con las de las entidades crediticias, especialmente, las del Banco Nación”, sostuvo el profesional. “Aquí se debe aclarar que superar las tasas establecidas por las autoridades es un delito”, señaló el fiscal Diego López Ávila.

El abogado y el representante del Ministerio Público coincidieron en señalar que los ahorristas deben constatar, entre otras cuestiones, el origen de la empresa y si están autorizados a actuar en el sistema financiero. “Tienen que consultar en la Dirección General de Rentas, en Personas Jurídicas y hasta en los mismos bancos para determinar si están autorizadas a brindar los servicios que ofrecen, como recibir inversiones o dar créditos. La Ley de Entidades Financiera las regula y es muy fácil acudir a esa información”, destacó Álvarez.

Todos los casos investigados

Intensive Live (2021).- Se trataba de una firma supuestamente radicada en los Estados Unidos y con sedes en distintos países de Latinoamérica dedicada al transporte de pasajeros premium. Los inversionistas podían convertirse en socios de la empresa con una inversión mínima de U$S 300 y ofrecían una rentabilidad del 20% mensual, aunque esos porcentajes se incrementaban si el aporte era mayor. Esa era la fachada de una supuesta estafa piramidal que cautivó a miles de tucumanos. El abogado Alfredo Aydar sostiene que la firma generó pérdidas por $2.900 millones. Fueron denunciados por estafa, lavado de activos y de formar una asociación ilícita Agustín Carlos Ajimastro y Esteban Adolfo Monroy.

Adhemar Capital (2022).- Edgard Bacchiani se instaló en Catamarca y durante años ideó un sistema que revolucionó esa provincia. Creó la empresa Adhemar Capital, que se dedicaba a las transacciones con criptomonedas. Con el correr de los años, se afianzó y decidió expandirse. Abrió oficinas en Yerba Buena y Córdoba y captó ahorros en La Rioja, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Neuquén y Río Negro, entre otros. En febrero de 2022 comenzó con la cesación de pago. La Justicia Federal de Catamarca acumuló todas las causas y lo procesó. El ceo pidió la convocatoria de acreedores de su empresa y la personal. La Justicia determinó que un grupo de tucumanos tenía derecho a reclamar $490 millones. Otros comprovincianos desistieron de hacer acciones y a algunos le rechazaron su intención de cobro.

Soramus (2022).- Según la investigación, la empresa Soramus, entre 2021 y 2024, cometió al menos 39 estafas. Recibía importantes cantidades de dinero a cambio de pagar suculentos intereses en plazos breves.  Con el paso del tiempo, los responsables comenzaron a incumplir los pagos y a ofrecer cheques y pagarés como garantía, que luego resultaron incobrables por tratarse de cuentas cerradas o sin fondos. Por este caso fueron procesados Sebastián González y su esposa Natalia Cervantes. Los investigadores estiman que causaron un perjuicio económico por más de $1.033 millones.

Peck Capital (2024).- El procurador Daniel Altamarino está siendo investigado por captar inversionista a través de una aplicación. Invitó a los habitantes del sur de la provincia a entregarle dinero para que invirtieran en fondos que operaban en Australia, la adquisición de títulos en la bolsa o, simplemente, la compra de terrenos. El caso está en manos de la Justicia Federal. Se estima que el perjuicio generado supera los $50 millones.

Sunday SRL (2025).- Es el último caso detectado en la provincia. En una especie de empresa familiar, hermanos recibían dinero a cambio de suculentos intereses. El fiscal Diego López Ávila cree que los señalados podrían haberse dedicado al préstamo de efectivo a personas que no contaban con los requisitos para poder acceder a créditos en entidades financieras oficiales. En marzo comenzaron con los problemas de pago. Están siendo investigados Andrea Luciana Guanuco (titular de la firma Sunday), José María Salazar (sería la pareja de la antes mencionada) y Diego Ariel Guanuco (habría cumplido un rol gerencial en la firma). Según trascendió, unas 40 personas informaron que les deben más de $626 millones. Se especula que en los próximos días se podrían presentar más víctimas.