30 Octubre 2025
EL LUGAR DE LA FIESTA. Véneto, el bar donde se realizó la boda, ubicado a una cuadra de la comisaría. FOTO/INFOHUELLA
La Justicia de La Pampa ratificó en las últimas horas la condena contra Cristian Martín Galván, el ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay que en mayo de 2024 utilizó a cuatro presos como mozos y asadores en su casamiento. El caso, que generó una fuerte repercusión en la provincia, quedó ahora firme tras la decisión del Tribunal de Impugnación Penal, que rechazó todos los planteos de la defensa.
De esta manera, Galván deberá cumplir un año y tres meses de prisión en suspenso por el delito de abuso genérico de autoridad, y además quedó inhabilitado por el doble del tiempo de la condena para ejercer cualquier cargo o empleo público, según informó el Poder Judicial de La Pampa y reprodujo el portal Infohuella.
La resolución fue firmada por los jueces María Paola Frigerio y Mauricio Federico Piombi, quienes confirmaron el fallo dictado en primera instancia por el juez Andrés Olié. Los magistrados consideraron que el análisis del tribunal original fue “minucioso” y que no hubo contradicciones relevantes entre los hechos acusados y los probados durante el juicio.
“El magistrado brindó fundamentos suficientes de por qué dio preponderancia a un testimonio por sobre otro”, expresaron los jueces, subrayando además las dificultades propias de obtener relatos precisos tratándose de personas detenidas.
El insólito episodio
El hecho ocurrió el 31 de mayo de 2024 en Lonquimay, una localidad de unos dos mil habitantes ubicada a 65 kilómetros de Santa Rosa, capital de La Pampa. Ese día, Galván, que se desempeñaba como jefe de la subcomisaría local, organizó su fiesta de casamiento en un pub situado a solo una cuadra de la dependencia policial.
Según la investigación, cuatro presos bajo su custodia —Manuel Urrutia, Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez y Oscar Dante Sánchez— fueron sacados sin autorización judicial para realizar tareas de mozos, asadores y encargados de limpieza durante la celebración.
La acusación detalló que uno de los reclusos preparó el asado principal, otro armó las mesas, mientras que los dos restantes sirvieron el almuerzo y levantaron la basura tras la fiesta, a la que asistieron unas 35 personas.
Los detenidos caminaron desde la subcomisaría hasta el salón, algunos sin custodia, y regresaron por sus propios medios a sus celdas una vez terminada la jornada, que se extendió entre las 9 y las 18 horas. Ninguno contaba con autorización para salir de su lugar de detención.
El episodio se convirtió rápidamente en “un secreto a voces” en el pueblo, lo que motivó una investigación interna y la posterior intervención judicial. En el juicio, algunos de los testigos —entre ellos policías, familiares e invitados al casamiento— ofrecieron versiones contradictorias, aunque el tribunal finalmente consideró que los testimonios de los presos coincidían con los de los agentes en cuanto a la participación forzada en el evento.
Las consecuencias para Galván
Además de la condena penal, el fallo ordenó notificar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, dispuso que Galván fije domicilio y se someta durante dos años al control de un ente de reinserción social.
Así, el ex jefe policial no solo enfrenta una sanción judicial, sino también una inhabilitación prolongada que lo aparta de la función pública. La sentencia, que había sido dictada a fines de julio, queda ahora firme, dejando sin efecto los recursos de la defensa y consolidando una condena que marca un precedente en materia de abuso de autoridad dentro de las fuerzas policiales.
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