Tiempo de crisis, ganancia de estafadores

Los fríos números sirven para analizar una realidad y dimensionar la gravedad de los problemas. Durante 2024, según el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal, en Tucumán se denunciaron en promedio 14 estafas por día. Los especialistas no dudan: la crisis económica se transformó en el terreno fértil para aquellos que buscan quedarse con el dinero de los demás.

En el trabajo estadístico que la Nación publica anualmente, se consignó dos tipos de delitos de estas características para que quede bien en claro el panorama. El año pasado, las autoridades contabilizaron 1.332 casos de estafas, defraudaciones y usura. Mientras que se recibieron 3.642 denuncias por esos ilícitos asistidos con la virtualidad. El número total de hechos realmente impresiona: 4.974 casos. Este es el segundo delito más cometido en la provincia después de los robos y hurtos. Está por delante de las amenazas y los abusos sexuales, por sólo mencionar algunos.

Vale la pena hacer una salvedad: las cifras en negro en este tipo de delitos son muy importantes. Los especialistas sostienen que al tratarse de un ilícito vergonzante, muchas víctimas prefieren no realizar la denuncia. También recalcaron que los responsables de bancos y empresas de tarjetas de créditos prefieren solucionar el problema con el cliente a cambio de que no hagan las presentaciones ante las autoridades. “La razón es simple, no quieren que su vulnerabilidad quede al descubierto. ¿Qué cliente elegirá a una entidad crediticia sabiendo que no tiene los mejores sistemas de seguridad para protegerlos?”, analizó un investigador.

Los porqué

La gran pregunta es por qué los tucumanos siguen cayendo en la misma trampa. La respuesta es sencilla: los estafadores saben de la necesidad de la gente y permanentemente están buscando la posibilidad de “pescar” algún ingenuo. Entre las víctimas aparecen las personas que se dejan tentar por cualquier oferta para ahorrarse un par de pesos. Casi a diario surge algún ardid que se transforma en una carnada. Premios espectaculares, todo tipo de productos -especialmente de primera necesidad o los considerados de lujo que no están al alcance de cualquiera-, oportunidades únicas para realizar alguna adquisición, viajes a lugares paradisíacos y el pedido de ayuda en dinero de un amigo o un pariente al que le robaron su identidad, son algunas de las maniobras conocidas para quedarse con el dinero ajeno.

Los investigadores sostienen que la crisis económica se transformó en el principal aliado de las personas desesperadas por hacerse de dinero. Con un sueldo que no alcanza para llegar a fin de mes, con las tarjetas de crédito reventados por su uso y con el scoring bancario más seco que verano santiagueño, muchos habitantes de esta provincia no les queda otra que recurrir a las financieras y personas que prestan dinero con tasas usurarias. El sí que reciben tiene un altísimo costo. Pero ya es sabido que la desesperación todo lo puede.

La inflación puede devorar los ahorros (de aquellas personas que tienen capacidad de hacerlo) y la presión impositiva obliga a varios a proteger sus capitales. Entonces, recurren a esas empresas que ofrecen el “oro y el moro” sin tener en cuenta un viejo refrán: “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”. En Tucumán, en menos de cinco años, se detectaron al menos cinco casos de estafas piramidales, es decir, empresas que captaban el capital de ahorristas a cambio de pagarles tasas muy superiores a las que normalmente paga el sistema. Los resultados están a la vista.

Los casos más conocidos que se registraron en nuestra provincia fueron: Intensive Live (generó perjuicios por $2.900 millones), Adhemar Capital ($490 millones), Soramus ($1.033 millones), Peck Capital ($90 millones) y Sunday ($650 millones). En total, estas presuntas estafas piramidales generaron un perjuicio económico en Tucumán por más de $5.100 millones en nuestra provincia.

Problemas

El notorio incremento de denuncias ha dejado al descubierto otra realidad: las leyes, los códigos procesales y los recursos humanos y tecnológicos no pueden solucionar los problemas que generan estos ilícitos. Por ejemplo, tanto en la justicia ordinaria como en la federal, los investigadores no tienen las herramientas necesarias para investigar este tipo de casos. Por ejemplo, no cuentan con un contador público nacional que pueda trazar la hoja de ruta de una financiera que captó fondos para comprar criptomonedas, por sólo citar un ejemplo.

Hay otros inconvenientes que tienen los fiscales para investigar. En los expedientes de las estafas virtuales, se topan con el drama jurisdiccional. La mayoría de las organizaciones que cometen este tipo de ilícito no son tucumanas, sino de otras provincias. Les resulta muy difícil investigarlas, ya que deberían enviar pesquisas a esos lugares para, primero descubrirlos y después, sumar pruebas en su contra. Si llegaran a ser detectados, tendrían que detenerlos, extraditarlos y juzgarlos en Tucumán.

Como diría el experimentado penalista Manuel Pedernera, “los delincuentes se mueven en Ferrari y los investigadores en Fiat Uno con GNC”. Un fiscal que investiga a una financiera denunciada por cometer estafas, debe pedir autorización a un juez para congelar los fondos de la empresa. El magistrado interviniente, si considera que hay elementos probatorios suficientes acepta el planteo y le pide al Banco Central de la República Argentina que inmovilicen los capitales del denunciado. Ese trámite puede durar varios días y hasta semanas. El denunciado, desde su celular, en cuestión de segundos, puede hacer desaparecer el dinero de los damnificados.

Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y Telegram son las redes sociales más utilizadas para cometer estafas. Legalmente, los policías no pueden analizar una cuenta si es que no tienen una autorización judicial. Saltas le dio una herramienta para acelerar la investigación de estos casos. Sus legisladores crearon la figura de agente encubierto digital, es decir, un pesquisa que busca información clave en internet.

La fiscala cordobesa Valeria Rissi, que llevó adelante el expediente que derivó en la primera condena en contra de Edgar Adhemar Bacchiani (el responsable de Adhemar Capital), no sólo se quejó de estas trabas, sino que también señaló que las penas para estos delitos son demasiado leves. Una persona que se quedó con el patrimonio de miles de ahorristas puede recibir una pena de cumplimiento condicional. “Si el castigo por estas acciones no es severo, nunca se logrará disminuir los casos”, sintetizó.