Un video, prueba clave para que se descubrieran los trabajos que realizaban presos en la casa de un jefe policial

El escándalo por la utilización de personal policial y de condenados para realizar trabajos de albañilería en la casa que sería de un comisario tuvo un origen: una denuncia anónima que recibió en su celular Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad. Pero ahora se conoció que fue acompañado por una prueba contundente. Un video en el que aparece un penado por abuso sexual caminando por las calles de Tafí Viejo sin custodia. El caso derivó en la expulsión de la fuerza y la aprehensión del comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, y de su segundo, Sergio Juárez, pero también estarían implicados otros 11 efectivos cuyos nombres aún no trascendieron.

Los mismos integrantes de la fuerza no recuerdan que se haya registrado una situación tan grave como esta. Se trata de un caso polémico que encierra muchos interrogantes. Estas son algunas de las respuestas que surgieron en las últimas horas:

- ¿Cómo se inició la investigación?

- Agüero Gamboa recibió la denuncia el viernes. No pudo hacer mucho porque el informante le explicó que policías y detenidos realizaban trabajos de albañilería de lunes a viernes. El primer día hábil de la semana, el funcionario envió gente de su confianza para constatar la versión y no encontró a nadie. Decidió entonces avisarle de la situación al gobernador Osvaldo Jaldo. Entre ambos decidieron convocar a la fiscal de Estado Gilda Pedicone para que colaborara en el caso. En una reunión que se hizo ayer por la mañana terminaron de delinear un plan.

- ¿Cuál fue la estrategia que eligieron?

- Ante la gravedad del caso, se organizó un operativo especial. Personal de la Fiscalía de Estado que fue acompañado por los miembros de la custodia de Jaldo se encargaron de confirmar la versión. Allí encontraron a dos efectivos que deberían haber estado en servicio y dos condenados por abuso sexual realizando tareas de albañilería. Cuentan las personas que estuvieron ahí que el procedimiento fue dantesco. Los efectivos se mostraron sorprendidos por la llegada de los funcionarios y hasta habrían asegurado que ellos estaban ahí por orden de sus superiores. Uno de los miembros de la custodia tuvo que utilizar la fuerza para reducir a uno de los más díscolos, ya que no querían acatar la orden de quedarse quietos en el lugar. Después se tomó la imagen de los cuatro hombres tirados en el piso que tuvo trascendencia nacional.

- ¿Qué hipótesis se maneja?

- La fiscala Mariana Rivadeneira sumó indicios para sospechar que Beltrán utilizaba a efectivos de la URN y a cuatro detenidos para realizar esos trabajos en lo que sería su casa de descanso. Además, en una situación sumamente irregular, los presos habrían sido trasladados varios días hasta ese lugar en un vehículo oficial. También contaría con pruebas para sostener que Sergio Juárez, segundo de Beltrán, habría estado al tanto de esa situación.

- ¿Cuáles fueron las irregularidades que se detectaron?

- Los cuatro presos habían sido penados por abusos sexuales, tres de ellos tenían condenas firmes y el otro, esperaba que la Corte Suprema de Justicia confirmara la sentencia. Todos cumplían la pena en comisarías porque, según explicaron, no había cupos en el sistema carcelario.

Tres estaban alojados en la comisaría de Chuscha (al norte de la provincia) y el restante, en la de Yerba Buena. Sin embargo, según la investigación, de lunes a viernes, habrían pernoctado en la base del Cuerpo de Infantería de la URN y los sábados y domingos volvían a ser llevados a los calabozos.

Los días laborales, siempre de acuerdo a fuentes judiciales, policías los habrían trasladado hasta el lugar donde realizaban los trabajos en vehículos oficiales. En principio, no habrían recibido paga alguna por su desempeño. Lo hacían a cambio de gozar de una especie de régimen de semilibertad sin autorización judicial.

- ¿Hay coincidencias de todos hayan sido condenados por abusos sexuales?

- No. En el mundo carcelario, los condenados por este delito son considerados personas dóciles y dispuestas a realizar cualquier tipo de tarea a cambio de recibir algún tipo de beneficio o protección ante los constantes ataques que sufren por parte del resto de la población carcelaria.

- ¿En qué se sustenta esta teoría?

- Cuando se realizó el procedimiento, dos fueron ubicados en la casa de El Cadillal, mientras que los otros dos, estaban en esa base policial. El juez de Ejecución, Gonzalo Ortega, al enterarse de la situación, ordenó su inmediato traslado al penal de Benjamín Paz, medida que se concretó ayer por la noche.

- ¿Quiénes son los responsables de su cuidado?

- Las normas son claras. Sin importar si son procesados o penados, mientras los detenidos se encuentran alojados en las comisarías, la responsabilidad absoluta corre por cuenta del jefe de la dependencia. Pero en el momento en que son trasladados al penal, quedan a cargo de las autoridades del Servicio Penitenciario.

- ¿Un preso puede ser trasladado de un lado a otro?

- No. Sólo se debe hacer con la autorización de un juez de Ejecución a través de un oficio o de una orden verbal (se utiliza en caso de emergencias) que debe quedar asentada en un acta. Estos movimientos deben quedar asentados en el libro de guardia y de novedades que tiene cada dependencia. La fiscala Rivadeneira ya cuenta con esos instrumentos, aunque aún no se informó qué encontró.

- ¿Cuáles son las consecuencias de este caso?

- Por el momento, Beltrán, Juárez y los policías Luis Trejo y Osvaldo Tiseira (que fueron detenidos en la vivienda de El Cadillal) serían acusados de al menos peculado en una audiencia que se desarrollará mañana. Además, en las próximas horas se definirá la situación procesal de al menos otros efectivos que podrían haber tenido algún tipo de participación en el caso. Por no haber denunciado la irregularidad, podrían ser imputados de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

- ¿Qué es el delito de peculado?

- Según las normas, el peculado es un delito contra la administración pública. “Se concreta cuando un funcionario público sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o emplea en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”, es el concepto que publicaron varios juristas.

En este caso en particular, hay indicios suficientes para sostener que Beltrán habría utilizado presos, efectivos policiales y un móvil de la Unidad Regional Norte para realizar trabajos de albañilería en una vivienda de El Cadillal. Todavía no está clara la situación procesal de Juárez. Para este delito se contempla una pena de entre dos y 10 años. Vale la pena que su condición se agrava al ser integrantes de la fuerza, por lo que sería muy difícil que reciban una condena de cumplimiento condicional, si es que son encontrados culpables en un hipotético juicio.

- ¿No habrá más consecuencias?

- Sí, pero no serían inmediatas. Por ejemplo, este escándalo podría generar cambios en la plana mayor de la fuerza. En la reunión realizada esta mañana en Casa de Gobierno, Jaldo les habría dicho en la cara a los comisarios que estaba desilusionado y les pidió que para hoy a la tarde le presentaran una carpeta con el balance de la gestión que vienen desarrollando desde hace dos años. “Eso es lo mismo que rendir un examen en marzo sabiendo que ya tenés dos previas”, graficó un comisario.

Otra de las consecuencias es que por el momento habrían quedado congelados los ascensos del personal, que estaban siendo muy esperados por los miembros de la fuerza. Además, el gobernador de la provincia, lanzó varios mensajes que sorprendieron al “mundo azul”.

- ¿Qué tipo de mensajes?

- El primero, demostró haber perdido la confianza en ellos. Ese es el análisis que se puede hacer a la decisión de haber recurrido a la Fiscalía de Estado para llevar adelante la investigación del caso y que hayan sido sus propios custodios los que se presentaron en la vivienda de El Cadillal. No hay impedimento legal para que lo hicieran, pero su función no es la de realizar este tipo de medidas. Fuentes señalaron que se inclinó por este personal para evitar que trascendiera lo que estaban por hacer.

Con Beltrán y Juárez se tomó una decisión drástica. Normalmente, los efectivos que son descubiertos cometiendo alguna irregularidad son separados de la fuerza momentáneamente o pasados a retiro. En este caso se les dio directamente la baja, una medida que les impedirá acceder, por ejemplo, a la jubilación de manera inmediata. Legalmente no se podía exonerar hasta tanto sean declarados culpables de los delitos por lo que están siendo investigados.

- ¿Habrá alguna medida en contra del jefe de Policía?

- Aunque por el momento ningún funcionario salió a respaldarlos públicamente, no está en duda su continuidad en el cargo. Jaldo no desconoce la tarea que viene desarrollando la Policía, especialmente, en la baja de homicidios (casi un 50% con respecto al año pasado), la disminución de los delitos contra la propiedad (estimada en un 30%) y el incremento de la cantidad de droga secuestrada en el marco del Operativo Lapacho. Pero es inocultable la pérdida de confianza hacia la fuerza que generó este hecho.

- ¿Cuál fue la reacción que se percibió en la fuerza?

- Hubo de dos tipos. Por un lado, cuestionaron la conducta de Beltrán y de Juárez, no sólo por la gravedad del hecho, sino porque por su conducta complicaron a varios efectivos que ahora deberán responder por haberse mantenido en silencio. También analizaron, como ellos mismos aseguran, “de dónde vino la bala”. Utilizan esa frase para tratar de explicar quién fue el responsable de haber denunciado, de manera anónima, el caso.

- ¿Se habla de una interna dentro de la Policía?

- Es muy posible. Beltrán se habría ganado enemigos por la detención en un procedimiento bastante irregular en el que fue detenido un policía que transportaba dos kilos de marihuana. El acusado es hijo de Miguel Gómez, ex policía que goza de mucho prestigio en la fuerza y que renunció a su cargo en el área de Seguridad después de este caso. Hay otro detalle para tener en cuenta. Los familiares de David “Petiso David” Lobo, sospechado de ser un narco, acusaron al ex titular de la URN y a Juárez de haberle plantado drogas, causa por la que se encuentra detenido en Benjamín Paz. Agüero Gamboa y Girvau desmintieron esa posibilidad y advirtieron que no permitirán que haya una.