19 Noviembre 2025
COMUNICACIÓN PÚBLICA
El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este miércoles una reunión en Casa de Gobierno con autoridades nacionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para evaluar la incorporación de Tucumán al Decreto 54/2017, que introduce reformas al régimen de la Ley 24.557.
El encuentro contó con la participación del gerente general de la SRT, Fernando Gabriel Pérez; del delegado para el NOA, Mariano García; del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; y de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls.
Según explicaron desde la SRT, el decreto tiene como finalidad optimizar la operatividad del sistema de Riesgos del Trabajo mediante una estructura administrativa más sólida y un procedimiento más ordenado, que reduzca la litigiosidad y garantice que los conflictos se tramiten primero en la vía administrativa. También busca uniformar criterios, mejorar la previsibilidad de los procesos e integrar a los empleadores públicos en un régimen de protección equiparable al del sector privado.
Amado destacó que actualmente 18 provincias ya adhirieron y señaló que existe un fuerte interés del sector privado para que Tucumán avance en ese sentido. “Las aseguradoras de riesgo de trabajo a las cuales adhieren los empleados estatales funcionan a través de la Caja Popular de Ahorros de forma muy eficiente, de acuerdo a la opinión del gerente general, Fernando Gabriel Pérez”, indicó.
El ministro sostuvo que en los próximos días se analizará la conveniencia de la adhesión junto a actores del ámbito productivo. “Lo dialogaremos con la Federación Económica, con organismos privados y, si la Provincia y el Gobernador lo disponen, adheriremos a esta ley”, afirmó.
Entre los beneficios del decreto, Amado subrayó la reducción de juicios laborales por accidentes que, según dijo, en algunos casos respondían a una “industria de litigios”. “La idea es controlar eso muy de cerca y crear organismos que permitan resolver los conflictos antes de llegar a juicio”, explicó.
Por su parte, Pérez remarcó que Jaldo solicitó un análisis detallado de la propuesta para garantizar que su eventual implementación resulte favorable para Tucumán. “La idea es que sea un beneficio para la Provincia y que la Nación pueda contar con Tucumán como provincia adherida al sistema de riesgo de trabajo”, concluyó el funcionario nacional.
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