Mariano Cuneo Libarona: "El chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace"

A días de que el Congreso empiece a debatir las reformas propuestas por el Gobierno Nacional a la Ley Penal Juvenil, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ratificó el compromiso del Poder Ejecutivo con el nuevo régimen que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En declaraciones radiales, el funcionario defendió la iniciativa que será tratada próximamente en la Cámara de Diputados, argumentando que el sistema actual requiere una actualización urgente para responder a la realidad delictiva del país.

Uno de los pilares del argumento del ministro reside en la capacidad de comprensión de los menores en la actualidad. Según Cúneo Libarona, un joven de 14 años posee hoy una conciencia plena de la criminalidad de sus actos, diferenciándose de las generaciones de décadas pasadas. Para el titular de la cartera de Justicia, estos menores actúan con dolo, conocimiento y voluntad, requisitos fundamentales para ser sujetos de una imputación penal.

El funcionario rechazó tajantemente las críticas que acusan al Gobierno de intentar criminalizar a la niñez. Por el contrario, calificó la aprobación de esta ley como “muy necesaria” para terminar con la percepción de impunidad que, según su visión, incentiva a los menores a delinquir. En este sentido, destacó el trabajo conjunto realizado con la senadora nacional Patricia Bullrich para dar forma a una normativa que brinde herramientas efectivas a la Justicia.

Cúneo Libarona describió un escenario preocupante en el que los menores son utilizados por bandas criminales y adultos para cometer delitos graves, como el robo de vehículos o ingresos a viviendas. Según explicó, la legislación vigente genera un círculo vicioso donde la policía detiene a los jóvenes y estos recuperan la libertad de forma inmediata, alimentando el crecimiento de “bandas de chiquilines” que operan sin consecuencias legales significativas.

Gasto

Respecto al impacto económico de implementar este nuevo régimen, el ministro minimizó las preocupaciones sobre el gasto público en un contexto de austeridad estatal. Afirmó que el proyecto “no es tan oneroso” y que los costos asociados han sido cuidadosamente estudiados por el Gobierno. Para el funcionario, la inversión es necesaria frente a lo que se describe como un “festival de delincuencia sangrienta”, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

En otro orden de temas, el ministro se refirió a la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Aborto (IVE). Ante los rumores de una posible marcha atrás, Cúneo Libarona aseguró de forma rotunda que el Gobierno no tiene interés actual en derogar o modificar dicha legislación. “El aborto se mantiene en la misma posición que tiene hoy”, subrayó, aunque aclaró que esta es la postura oficial “al menos ahora”.

No obstante, el ministro anticipó que el Código Penal sí sufrirá modificaciones en otras áreas sensibles, como la figura del feminidio. Si bien aclaró que no se busca derogar la protección existente, el objetivo es dotar a la norma de una mayor precisión jurídica. Según su criterio, la redacción actual presenta imprecisiones que son cuestionadas tanto por la academia como por diversos sectores políticos, lo que en ocasiones facilita la impunidad.

La propuesta de reforma para el feminidio busca, según el funcionario, corregir lo que considera cuestionamientos constitucionales respecto a la igualdad ante la ley. Cúneo Libarona planteó la necesidad de que la norma no se centre exclusivamente en la mujer, argumentando que si bien la mayoría de las víctimas pertenecen a ese género, no se debe omitir la protección al hombre en situaciones de violencia similares bajo esta figura penal.

Finalmente, el ministro concluyó que estas reformas forman parte de un plan integral para modernizar la justicia argentina y garantizar que las penas se cumplan de manera efectiva. Con el debate en Diputados en el horizonte cercano, el oficialismo espera avanzar en una agenda legislativa que combina la mano dura contra la delincuencia juvenil con una revisión técnica de los tipos penales vigentes para evitar vacíos legales