Los cargos vacantes en la Justicia tucumana

Una situación singular está ocurriendo en l Justicia tucumana, con una extensa tarea de selección de candidatos realizada por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y la paralización en la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Tal como se informó en nuestra edición del lunes, hay 10 concursos en trámite para cubrir las magistraturas del Centro Judicial Capital y los Centros Judiciales de Concepción y Monteros, mientras en todo el sistema se contabilizan más de 55 vacantes que esperan una designación.

Según se explicó, el CAM logró un récord histórico al confeccionar 59 ternas de candidatos  elevarlas al Poder Ejecutivo durante la gestión bianual 2023-2025-. Pero más del 90% de ellas se encuentran sin definición por parte del Poder Ejecutivo. Este estancamiento implica que, a pesar de que se hayan hecho los trámites de selección -que incluyeron 30 sesiones del Consejo, 32 exámenes escritos y 24 sesiones de entrevistas personales- hay cargos de jueces, fiscales y defensores que permanecen acéfalos, afectando la prestación del servicio de justicia.

Las explicaciones de lo que sucede son varias, y una importante es la del mismo gobernador, Osvaldo Jaldo. En mayo, cuando se elevaron los pedidos para los últimos siete nombramientos, que juraron en septiembre, dijo: “las coberturas no se deben hacer por el número de vacantes sino por la necesidad de servicio en cada uno de los lugares”. “En momentos financieros muy difíciles seguramente por ahí, a los juzgados de Familia hay que darles prioridad o a los que tienen sensibilidad por los casos que tratan, pero no vamos a nombrar 50 jueces de una sola vez. También tenemos que ver el rendimiento” (porque) si el (Poder) Ejecutivo se esfuerza lo deben hacer todos”. Es decir, se trata de una razón de economía y de actividad basada en eficiencia. A ello se suman las apreciaciones del mismo presidente de la Corta en el sentido de que no hay moras en el servicio de Justicia a pesar de las vacantes.

Esto choca, ciertamente, con la declamada necesidad de cubrir estos cargos, que se consideran clave para la correcta operatividad del sistema de justicia, particularmente en áreas sensibles que requieren la pronta designación de magistrados, fiscales y defensores. Se sabe que hay lugares de la Justicia que han resuelto las vacantes con subrogancias o con  habilitaciones “ad hoc” -como es la tarea de los ayudantes de fiscales, cuyas resoluciones pueden tener efectos adversos en el futuro. Un ejemplo es la crítica que hizo el titular del Centro Judicial de Monteros con respecto a la causa por presunta extorsión contra policías de Famaillá. Advirtió sobre el problema de que un auxiliar de fiscal haya firmado una requisitoria en el caso.

En concreto, convendría saber si realmente el sistema necesita o no esos cargos y si la tarea que llevan los subrogantes y los ayudantes no afecta su funcionamiento. O bien si la falta de definición sobre las ternas afecta directamente la estabilidad y eficiencia de esa administración de justicia.