Por Nahuel Toledo
02 Diciembre 2025
MEJORAS. La ministra saliente reconoció que se podría incorporar en el nuevo Código Penal la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
En su último día al frente del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el proyecto del nuevo Código Penal que se enviará al Congreso como parte de los proyectos que se tratarán en sesiones extraordinarias.
El proyecto presentado agrava las penas para delitos considerados especialmente graves, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Además, introduce un cambio sustancial al eliminar la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado, lo que implica que estos delitos no podrán quedar impunes por el paso del tiempo.
La medida fue elaborada por una comisión creada a principios del 2024 por el propio Gobierno y que estuvo integrada por miembros del Poder Ejecutivo, pero también por especialistas en la materia, como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y el abogado Jorge Boumpadre.
En el Gobierno aseguran que se plantea un “cambio de doctrina” al pretender agravar las penas en un abanico de delitos, lejos del “zaffaronismo” en materia penal.
“La reforma del Código Penal viene a poner orden, donde antes reinaba la barbarie. La doctrina es clara: el que las hace las paga. Esto implica el fin de la doctrina zaffaronista, donde el victimario se convertía en víctima, ante los ojos de la ley y donde las familias que perdieron a un ser querido -a manos de un asesino- debían resignarse al sórdido silencio de la injusticia y la impotencia”, dijo el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni en las palabras iniciales de la conferencia.
A su turno, la ministra recalcó que el eje central del proyecto será el “agravamiento de las penas” en delitos como el homicidio simple, cuya pena máxima pasará de los actuales 25 años de prisión a 30 años. Con el declarado objetivo de “proteger a quienes cumplen tareas fundamentales”, se considerará agravante si el homicidio se da en niños de hasta 16 años y mayores de 65.
La denominada “conducción imprudente”, que provoque muertes, también tendrá mayores penalidades. Bullrich explicó que “la pena actual es de uno a tres años y, en la figura agravada, de dos a cuatro años. Ahora se aumenta de dos a seis, y si es agravada, de tres a seis”, dijo.
Bajo análisis
Ante una consulta de la prensa, la ministra saliente afirmó que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción no será una de las propuestas del Poder Ejecutivo, como había trascendido. De todos modos, dijo de inmediato que esta situación se puede evaluar.
En cuanto a este tema, las autoridades nacionales plantean incluir los delitos cometidos en ejercicio de la función pública entre aquellos que no vencen, como sucede con los crímenes de lesa humanidad o los atentados contra la democracia.
Otro aspecto que podría incluirse es la eliminación de la figura del femicidio. Esa propuesta, que la administración libertaria tiene en carpeta desde hace varios meses, se fundamente en que el concepto atenta contra “la igualdad ante la ley”.
De hecho, el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó esta postura en enero pasado, durante una entrevista televisiva en la que sostuvo que “la política tiene que ser igual para todos”.
Más allá de estos temas que siguen bajo revisión, hay una gran cantidad de penas y consideraciones que se fueron agregando al proyecto de Código Penal que se presentó en febrero, que tenía un total de 540 artículos, y el que se va a enviar al Congreso, que hasta el momento tiene 912.
“Sin condicionamientos”
Según el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia en redes sociales, “el castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.
En relación a esto el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, remarcó que la reforma representa un quiebre con políticas anteriores: “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, dijo el secretario de Justicia al referirse a la iniciativa.
El funcionario también explicó que el nuevo Código Penal garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. Actualmente, cuando la condena no supera los tres años, el condenado no cumple prisión efectiva. Con la reforma, se elevan los mínimos de las penas, lo que impide que los delincuentes recuperen la libertad anticipadamente.
El texto oficial detalla que las condenas perpetuas dejarán de tener un límite temporal. Así, quienes sean condenados por homicidio agravado enfrentarán prisión perpetua, es decir, permanecerán en la cárcel de por vida. Esta disposición busca reforzar la protección de las víctimas y garantizar que los crímenes más graves reciban una respuesta proporcional.
La iniciativa se integra con otras reformas estructurales del sistema penal, como la implementación del Sistema Acusatorio. El Gobierno sostiene que, con este paquete de medidas, se cumple el mandato social de poner fin a la inseguridad y de orientar el sistema penal hacia la protección de las víctimas, desplazando el foco de los derechos de los criminales.
Nueva cara en la Rosada: Monteoliva quedó al frente de Seguridad
Alejandra Monteoliva fue nombrada, formalmente, por el Gobierno como ministra de Seguridad de la Nación. La designación fue comunicada por la Oficina del Presidente, que describió a la flamante funcionaria como una figura central en la construcción de la llamada “Doctrina Bullrich”. Monteoliva se especializó en gestionar políticas de seguridad en Colombia y colaboró con gran parte de los países de América Latina y el Caribe a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras organizaciones.
Alerta por emergencias: se desarrollará con fondos del Enacom
El Gobierno argentino presentó este lunes AlertAR, un sistema de alerta temprana que permitirá enviar mensajes directos a la pantalla de los teléfonos móviles de la población ubicada en zonas afectadas por catástrofes naturales y otras emergencias. El sistema se implementará a partir de recursos provistos por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). De esta forma, el país contará con una tecnología, basada en mecanismos de geolocalización y mensajería automática de alcance masivo.
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