Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Pasaron de ser imputados a testigos estrellas. Los dos policías procesados por la utilización de condenados para la construcción de la casa de un comisario en El Cadillal, rompieron el silencio y aportaron datos claves en la investigación que lleva adelante la fiscala Mariana Rivaneira. La Justicia, por cuestiones de seguridad, les otorgó el arresto domiciliario, pero no modificó la acusación en su contra.

Hace casi un mes, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, recibió una denuncia en la que se daba cuenta que el jefe de la Unidad Regional Norte, Alfredo Beltrán, utilizaba policías que estaban a su cargo y penados para realizar trabajos de albañilería en dos lotes (después se descubriría que eran terrenos fiscales) de su propiedad. El funcionario se presentó en el lugar y confirmó la versión al encontrar a dos efectivos y dos condenados por abusos sexuales.

Según el expediente, Beltrán, desde hacía cuatro meses, realizaba esta maniobra. Los condenados, que deberían haber estado alojados en la cárcel, de lunes a viernes, dormían en la sede de Infantería de la URN y los fines de semanas eran trasladados a las comisarías donde cumplían las condenas. Por esa razón, el juez Eduardo González, por pedido de la fiscala Rivadeneira, les dictó la prisión preventiva por seis meses al ex comisario (fue dado de baja a través de un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo) y los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira.

Al ex jefe de la Unidad Regional Norte se lo acusó de peculado de uso y de servicio en concurso real, de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público, en calidad de autor y de coautor por el tercer ilícito. En tanto que a Trejo y a Teseira los imputaron por peculado habiendo participado de manera secundaria en concurso real con el delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración y la fe pública. El defensor de los acusados, Augusto Avellaneda, impugnó la resolución.

Cambios

En la audiencia de impugnación que se desarrolló el lunes y en la que se resolvió bajar de seis a cuatro meses el plazo de la medida cautelar, comenzó a definirse el derrotero de la causa. Los sargentos designaron a Julieta Jorrat como defensora que, no sólo anunció que había desestimado el recurso presentado por su colega, sino que querían declarar. Desde un primer momento se sabía que ellos podían aportar claridad en una causa compleja. Trejo, responsable del mantenimiento de las seccionales de la URN, y Trejo, el chofer designado para el traslado de Beltrán, sabían de los movimientos de sus superiores.

Si bien es cierto que sus testimonios se mantienen en secreto, en las últimas horas surgieron detalles de sus dichos que terminaron complicando a otros mencionados en la causa. Algunos de ellos fueron:

- Habrían declarado que no recibían ningún pago extra por las tareas de albañilería que realizaban en la vivienda particular de Beltrán. Dijeron que esas tareas las realizaban bajo amenazas de ser sancionados o ser trasladados a otros destinos si es que la hacían. También les habría prohibido contar que lo hacían.

- Habrían señalado que la suboficial Claudia Paz, secretaria del ex jefe de la URN, era la responsable de darles las indicaciones de las tareas que realizaban.

- Confirmaron algunos detalles de la situación de los condenados. Relataron que los retiraban de la base de Infantería de la URN y que nunca estuvieron esposados ni contaban con custodios para cuidarlos. Estos dichos, complicarían la situación procesal de los oficiales Roberto Edim Nasser, Germán Russo y Nelson Aragón, responsables de esa división

- Informaron que la comisaria Fabiana Villagrán, especie de jefa de Recursos Humanos de la URN, y que el segundo jefe Sergio Juárez (también dado de baja) estaban al tanto del trabajo que desarrollaban.

Según confiaron fuentes judiciales, aportaron otros datos que podrían agravar la situación de Beltrán y de las personas de su confianza. Por ejemplo, habrían informado que utilizaban el móvil policial para llevar y retirar de clases a la hija del ex comisario. Lo mismo habría ocurrido con Paz, que tendría algún vínculo con el oficialismo de Las Talitas.

Audiencia

El viernes se desarrolló una nueva audiencia. En este caso Jorrat solicitó medidas de protección para sus asistidos. “Ellos terminaron aportando datos que serán muy importantes para el desarrollo de la causa. Tienen, con justa razón, temor a sufrir represalias”, indicó la profesional en una entrevista con LA GACETA. “Ellos siempre quisieron declarar, pero como Beltrán les había dicho que él se haría cargo de todo, esperaban que el anterior defensor les pidiera que lo hagan”, añadió.

El conflicto de intereses ya había quedado en evidencia en la audiencia de impugnación. “Están a disposición de la Justicia para aportar todos los datos que sean necesarios. Este es un caso muy grave y que tiene numerosas aristas. Esta investigación recién se está iniciando y pueden surgir informaciones que involucren a más personas”, señaló. Si bien es cierto que por este expediente hay sólo tres procesados, la fiscalía estaría investigando a por lo menos otros 12 o 14. Todos ellos están en situación de disponibilidad esperando que se resuelva su situación.

En la última audiencia, Jorrat destacó el peligro que corren sus defendidos por haber declarado algunos detalles de la trama del caso y pidió que la prisión preventiva la cumplan bajo la modalidad de arresto domiciliario. La fiscala coincidió y no se opuso al planteo. José María Molina, que representa al Estado como querellante, se adhirió.

El juez interviniente aceptó el pedido, pero ordenó algunas medidas preventivas. Dispuso que se les coloque una pulsera de seguimiento y que sean controlados personalmente por efectivos. Pero se deberá informar quiénes serán los uniformados que realizarán esa tarea, ya que los dos acusados residen en la jurisdicción de la URN.