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El Gobierno de Javier Milei terminó de pulir el proyecto definitivo de reforma laboral que enviará al Congreso en las próximas horas. Tras semanas de negociaciones dentro del Consejo de Mayo, un espacio que reunió a funcionarios nacionales, legisladores, gobernadores, empresarios y sectores sindicales, la Casa Rosada presentó una iniciativa que apunta a modernizar las normas vigentes y generar un nuevo marco laboral tanto para el sector público como para el privado.
Si bien hubo participación sindical, la mayoría de sus representantes manifestó rechazo a varios de los puntos impulsados por el oficialismo. El texto abarca cambios en áreas sensibles como vacaciones, indemnizaciones, despidos, régimen de horas trabajadas, digitalización de documentación, condiciones de trabajo en casas particulares y el sector agrario, entre otros.
Vacaciones: fraccionadas, ampliables y con obligatoriedad de descanso estival
La reforma mantiene el derecho a vacaciones pagas, con mínimos iguales a los de la Ley de Contrato de Trabajo. Introduce, sin embargo, la posibilidad de ampliar ese período por acuerdos individuales o colectivos.
Uno de los puntos novedosos es el fraccionamiento: los días podrán dividirse, pero cada tramo deberá durar como mínimo siete días corridos. Además, los empleadores deberán garantizar que al menos una vez cada tres años los trabajadores puedan tomar vacaciones durante el verano.
Las vacaciones seguirán otorgándose entre el 1° de octubre y el 30 de abril, y deberán comunicarse por escrito con 30 días de anticipación. Solo podrán darse fuera de ese período con causa justificada y con aval de la autoridad laboral.
Banco de horas: flexibilidad para compensar y reorganizar la jornada
El proyecto habilita el uso de “bancos de horas” mediante acuerdos voluntarios y por escrito entre empleador y trabajador. Este sistema permitirá compensar horas extras con jornadas más cortas dentro de los topes semanales.
La normativa fija requisitos: controles para registrar horas reales, descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y de 35 horas continuas cada semana. Los convenios colectivos podrán definir promedios de jornada según las necesidades de cada actividad.
Indemnizaciones y despidos: fondos sectoriales y cambios en los cálculos
Uno de los cambios más profundos es la posibilidad de reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por fondos o seguros de cese laboral, financiados por aportes patronales mensuales.
El cálculo indemnizatorio considerará el salario básico, sumas habituales y antigüedad, pero quedarán excluidos los pagos extraordinarios o gratificaciones excepcionales. La base no podrá exceder el triple del salario promedio del convenio y tendrá un piso del 67% de ese valor.
Para despidos sin causa, se mantiene la fórmula de un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. También se detallan las condiciones para el pago fraccionado y la aplicación de intereses.
El proyecto contempla que en actividades esenciales -salud, energía, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital- se deberán garantizar servicios mínimos del 50% al 75% durante conflictos.
Si un juez declara inválido un despido, el trabajador podrá optar entre ser reincorporado o cobrar la indemnización; si regresa, la empresa deberá pagar los salarios caídos.
Remuneraciones: recibos digitales obligatorios y mayor transparencia
El texto moderniza el régimen salarial, permitiendo sumar componentes fijos, variables y beneficios sociales. Se establecen como obligatorios los recibos digitales, las planillas de asistencia electrónicas y la digitalización de certificados médicos.
Los recibos deberán detallar todos los conceptos y contribuciones. La autoridad laboral podrá exigir nueva información para reforzar la transparencia y reducir conflictos judiciales.
JAVIER MILEI. ARCHIVO FOTO/© picture alliance / Juan Carlos Rojas
Enfermedad y ausencias: certificados digitales y controles unificados
Los certificados médicos digitales tendrán plena validez. Empresas y seguridad social podrán verificar diagnósticos en un sistema centralizado.
Para reincorporarse, se exigirá alta médica definitiva. Si el alta es parcial, el salario será proporcional a la capacidad laboral recuperada. Las ausencias prolongadas deberán notificarse antes de aplicar sanciones o extinguir el vínculo.
Casas particulares y trabajo agrario: cambios en períodos de prueba y condiciones
Para el personal doméstico, el período de prueba se extiende a seis meses y los recibos serán totalmente electrónicos. Se fijan obligaciones sobre provisión de ropa, elementos de trabajo, alimentación y seguros.
En el sector agrario se crea un contrato permanente con período de prueba de ocho meses. En ese plazo, cualquiera de las partes podrá disolver el vínculo sin causa y sin indemnización, con aviso de 15 días. Los salarios se negociarán colectivamente y nunca podrán estar por debajo del salario mínimo.
Fondos de Asistencia Laboral (FAL): un nuevo respaldo en despidos
La reforma crea fondos financiados con un 3% de la remuneración computable, destinados a cubrir situaciones de despido en el sector privado. Su administración estará regulada y no generará obligaciones directas hacia los trabajadores.
Repartidores: un régimen específico para plataformas
El proyecto incorpora un Régimen de Servicios Personales de Reparto para quienes trabajan a través de aplicaciones. Los repartidores deberán registrarse en ARCA, contar con cobertura social y disponer de una cuenta bancaria.
El texto reconoce derechos como rechazar pedidos, conocer motivos de bloqueos y recibir el 100% de las propinas.
Transferencias, subcontratación y responsabilidades
La reforma delimita la responsabilidad solidaria entre empresas en casos de subcontratación o establecimientos transferidos. El empleador podrá limitar su responsabilidad si verifica la identidad y la situación laboral de la contratista.
Procedimientos judiciales y prácticas sindicales
El proyecto sanciona la “pluspetición inexcusable”, que penaliza reclamos judiciales desproporcionados. Además, impulsa la remisión automática de casos de empleo no registrado para acelerar su regularización.
El capítulo sindical establece nuevas infracciones, regula asambleas -que deberán ser autorizadas, no se pagarán y tendrán horario preestablecido-, reduce a 10 horas mensuales el crédito horario de delegados y considera muy graves los bloqueos o tomas de establecimientos.
Convenios colectivos, fin de la ultraactividad y formalización laboral
La iniciativa elimina la ultraactividad: al vencer un convenio, las condiciones se mantienen solo hasta que se firme uno nuevo o exista acuerdo explícito de prórroga. La autoridad podrá suspender cláusulas si generan distorsiones económicas.
También se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), con beneficios temporales para registrar empleo y ampliar la contratación en el sector privado.
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