La posibilidad de que se dé una lucha regional contra el narcotráfico cobró fuerza en los últimos días. Este plan, que representa un importante cambio de mirada y de paradigma sobre lo que está sucediendo en el NOA, se gestó en una reunión que mantuvo el gobernador Osvaldo Jaldo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
El titular del Poder Ejecutivo, acompañado por el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, se presentó ante la funcionaria para oficializar el proyecto que tiene la Provincia: lanzar un sistema de control aéreo para evitar los vuelos narcos. La sucesora de Patricia Bullrich apoyó la iniciativa porque entendió que ayudaría a corregir las fallas del radar que tiene el Estado nacional en Salta.
Jaldo le contó a Monteoliva que su idea es instalar radares o drones de última tecnología para detectar los vuelos ilegales en el oeste, centro y este de la provincia. Le explicó también que esta sería una herramienta con la que no sólo pretende blindar aún más Tucumán, sino también colaborar con Salta y Jujuy (los principales puntos de ingreso de la droga al país), Catamarca (que se está transformando en un nuevo camino narco) y Santiago del Estero (considerado como un centro logístico de distribución de sustancias). También dejó en claro que su idea no incluye la persecución y, mucho menos, el derribo de naves con droga.
La ministra consideró importante la iniciativa, pero también le pidió la creación de un bloque regional para la lucha contra el narcotráfico. La idea es que en las próximas semanas haya una reunión para comenzar a fijar pautas de trabajo. El primer encuentro podría realizarse en Tucumán en febrero o en los primeros días de marzo. Esta iniciativa tendría una sola razón: los resultados de un plan que fueron presentados por el dirigente tranqueño.
Números y algo más
El Operativo Lapacho fue en principio un plan para desarrollar a nivel regional. Las fuerzas policiales del NOA y las federales, durante un día entero, fortalecían los límites provinciales. Por esa razón, los especialistas en materia de seguridad consideraron que se trataba más de un plan para la tribuna que de una verdadera herramienta para luchar contra el narcotráfico. “Se tomó una decisión política y se fortalecieron los controles. Cuando nadie apostaba por estos controles, hoy son considerados un ejemplo”, explicó el jefe de Policía, Joaquín Girvau.
El dirigente tranqueño le mostró a la funcionaria cuáles fueron los éxitos que se registraron con estos procedimientos. Los puntos más importantes fueron:
- Narcotráfico: con respecto al año pasado, se incrementó más de un 300% el decomiso de cocaína y un 1.600% el de marihuana.
- Contrabando: en lo que va de 2025, se secuestraron productos por más de $8.000 millones, casi el doble del año pasado.
- Confirmación: el plan de controles en los límites provinciales dejó al descubierto la magnitud de un gran negocio que, por la falta de regulación, no para de crecer: el comercio de hojas de coca. Las autoridades incautaron más de 14.000 kilos de hojas de coca, casi tres veces más que el año pasado. El dato llamativo es que más del 50% de este producto era transportado a Buenos Aires, lo que habla a las claras de que su consumo dejó de ser una cuestión regional.
- Evasión: el Operativo Lapacho también permitió cuantificar el transporte en negro de mercadería. Hasta el 30 de noviembre, se decomisaron productos por más de $30.500 millones, casi el triple que el año pasado.
Desconfianza
La iniciativa de regionalizar la lucha contra el narcotráfico puede ser un reconocimiento tácito de la Nación de que no está capacitada para frenar el transporte de sustancias en el NOA y por eso ahora pide ayuda. No será la primera vez que lo haga. El antecedente fue la solicitud expresa para que las provincias se hicieran cargo de la lucha contra el narcomenudeo, es decir, el microtráfico y la comercialización de drogas.
Lanzada por el ex presidente Mauricio Macri, la iniciativa tenía como objetivo que las provincias se hicieran cargo de este tipo de ilícito para que los funcionarios federales se encargaran de las grandes organizaciones. A cambio, las autoridades nacionales les prometieron a los gobernadores apoyo logístico y presupuestario. Los gobernadores del NOA se sumaron, pero nada de lo prometido se cumplió. La ayuda nunca llegó y la Justicia Federal tampoco avanzó contra las grandes organizaciones como se había pensado.
Jaldo confirmó que seguirá adelante con su política y espera que con el pedido de Monteoliva sus pares acompañen la iniciativa. Piensa que si todos se encaminan en este proyecto, el costo de la instalación del sistema de control aéreo hasta podría ser compartido. Salteños, jujeños y catamarqueños, en principio, apoyarían el proyecto, más aún si se tiene en cuenta que son considerados como dialoguistas. La gran pregunta es qué sucederá con los santiagueños, no sólo porque no está clara su postura política.
Interrogantes
El anhelo de Jaldo es que el Operativo Lapacho se replique en todo el NOA. Su postura no es nueva: insiste con ella desde hace dos años. Pocos recuerdan que en diciembre de 2023, en un acto desarrollado en Cabo Vallejo, representantes de todas las provincias se comprometieron a hacerlo, pero todo quedó en la nada. ¿Se revertirá el panorama si la Nación formaliza el mismo planteo?
Los especialistas consultados coincidieron en apoyar la iniciativa, pero aclararon que no servirá incrementar la presencia de efectivos en los puestos fronterizos si es que no es acompañada por otras medidas. Las más importantes serían:
- Recuperar o lanzar las oficinas de inteligencia criminal que fueron desarmadas durante esta gestión.
- Acelerar el proceso para cubrir las vacantes que hay en la Justicia Federal y así generalizar la implementación del nuevo código procesal. En el NOA, sólo rige en Salta y en Jujuy.
- Realizar una profunda depuración en Gendarmería Nacional por los reiterados hechos de corrupción que se registraron en los últimos días. Redefinir cuál será el papel de la Policía Federal, que cuenta con una Agencia Regional, pero poco se sabe de la tarea que realiza.
- Coordinar las tareas que se desarrollarán en cada provincia. El trabajo que deberían realizar los salteños y jujeños, al ser provincias que limitan con Bolivia, no es el mismo que tendrían que realizar tucumanos y catamarqueños.
- Modificar o crear nuevas leyes que faciliten los controles. Por ejemplo, el control de las encomiendas, sistema que es cada vez más utilizado por narcos y contrabandistas.
- Llevar adelante una fuerte inversión para la adquisición de tecnología para aumentar la eficacia de los controles.
El debate recién comienza. La iniciativa generó varias posturas y una sola certeza: no hay tiempo para seguir cometiendo errores. De nada servirá un mero anuncio para que nada cambie.

















