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Caso Andis: El gobierno asegura haber detectado irregularidades
Luego de la difusión de los polémicos audios del ex titular Diego Spagnuolo, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), fue intervenida y el gobierno de Javier Milei nombró a Alejandro Vilches, médico sanitarista, como interventor. Como resultado se detectaron 178.000 receptores del Certificado Único de Discapacidad (CUD) que se corresponden a personas que están muertas.
La cifra surge del cruce de datos entre el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la base de la Andis, donde figuran los beneficiarios de los certificados.
Ante las irregularidades detectadas, se garantiza la baja de esos certificados, según informó La Nación con datos del Poder Ejecutivo.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que acredita la condición de discapacidad de una persona y le permite acceder a distintos derechos y beneficios, como prestaciones de salud, transporte gratuito y asignaciones familiares, entre otros, con validez en todo el país. El certificado se otorga tras una evaluación realizada por una Junta Interdisciplinaria y no cuenta con una fecha de vencimiento determinada, sino que establece períodos de actualización, cuyos plazos se encuentran actualmente prorrogados.
En paralelo, el Ejecutivo analiza avanzar con acciones legales contra quienes percibieron beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) pese a que sus titulares ya hayan fallecido. También apuntarán contra los prestadores que continuaron cobrando por servicios que, en la práctica, no se brindaban, asegura el diario La Nación.
El Ministro de Salud, Mario Lugones ordenó una auditoría en colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para determinar qué ocurre internamente en el organismo, con especial foco en la gestión de las Pensiones No Contributivas (PNC) y en los procesos de compra de medicamentos. Si bien el trabajo aún no concluyó, fuentes oficiales indicaron que podría finalizar antes de que termine el primer trimestre de 2026. Las auditorías cuentan con un plazo legal de seis meses y, en el caso de la Andis, el proceso se inició en septiembre del año pasado.
En este contexto, el área de discapacidad continúa atravesando por una situación compleja, tanto por la difusión de los audios que involucran a exfuncionarios como por la falta de financiamiento, una situación que mantiene en alerta al sector. La ausencia de respuestas concretas derivó en la continuidad de las protestas y movilizaciones por parte de organizaciones y familiares, que reclaman una solución urgente.
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