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YPF.
Burford, el fondo que financia las demandas de Petersen y Eton en Nueva York contra la Argentina por la irregular expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), adelantó que solicitará a la jueza Loretta Preska que declare al país en desacato.
La advertencia del fondo se basa en que, a su criterio, el Estado argentino no cumplió con la orden de entregar las comunicaciones de funcionarios y ex autoridades involucradas en el caso. Esto ocurre pese a que la Argentina aún tiene plazo hasta el 10 de enero para completar la presentación, fecha límite formal establecida por Preska.
Si bien la magistrada remarcó que el país se encuentra incumpliendo sus órdenes, también reconoció que la Argentina debía reunir el material solicitado a comienzos de noviembre y que luego concedió una prórroga. En ese marco, la jueza decidió otorgar un último plazo definitivo antes de adoptar una resolución judicial.
Durante la audiencia celebrada el 9 de diciembre, Preska dejó constancia del incumplimiento y anticipó que la negativa del país a producir la información requerida podría derivar en un pedido de desacato, acompañado de sanciones económicas y procesales. Además, autorizó a los demandantes a avanzar con un cronograma para formalizar la moción, lo que les permitió presentar el pedido entre el 15 de enero y el 5 de marzo, consignó el diario Clarín.
Hasta el momento, cerca de la mitad de los funcionarios y ex funcionarios involucrados en la causa entregaron sus mensajes de WhatsApp y correos electrónicos. No obstante, las principales figuras políticas se negaron a colaborar. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller y ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, rechazaron proporcionar comunicaciones mantenidas con terceros a través de dispositivos o cuentas personales. En tanto, el ex ministro de Economía Sergio Massa no respondió al requerimiento, al igual que una decena de ex funcionarios.
Los demandantes buscan demostrar que YPF, Energía Argentina (Enarsa), Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central (BCRA) actúan como un “alter ego” del Estado y que distintas administraciones utilizaron estas empresas para ejecutar políticas económicas.
La investigación por el denominado “alter ego” avanza en paralelo a la apelación de fondo del caso, instancia en la que el tribunal podría emitir una sentencia en cualquier momento. En el Gobierno interpretan que este escenario explica la inquietud de Burford y su intento de acelerar eventuales embargos.
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