El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Luego de la impactante imagen de Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Manhattan -esposado y vestido con uniforme carcelario-, la Justicia de Estados Unidos puso en marcha una etapa decisiva que tendrá efectos directos sobre el porvenir político de Venezuela. La comparecencia del ex presidente en aquellos tribunales, seguida con atención en todo el mundo, marcó apenas el punto de partida de un proceso largo y técnicamente complejo.

Pese a que Maduro se declaró inocente y denunció su detención como un “secuestro”, el expediente avanzó hacia la fase de planteos preliminares y análisis de pruebas, bajo la conducción del juez Alvin Hellerstein, de 92 años.

El calendario judicial fija una instancia clave para el 17 de marzo; es decir, dentro de 69 días. Aquella jornada, fiscales y defensores deberán comunicar los primeros avances vinculados con la administración de la evidencia. Fuentes judiciales anticipan que no se tratará de un trámite ni célere ni sencillo: la gravedad y la naturaleza de los cargos imponen un tratamiento minucioso del material reunido.

Durante esta etapa -conocida como “descubrimiento de pruebas”- el Departamento de Justicia de EEUU deberá poner a disposición de la defensa la totalidad de la documentación recolectada, que incluye declaraciones de informantes de la DEA, movimientos financieros y reportes de inteligencia. Dado que una porción sustancial de ese contenido involucra información sensible para la seguridad nacional, el tribunal aplicará la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), un régimen que delimita qué elementos pueden ventilarse en un juicio público y cuáles deben permanecer bajo secreto. La experiencia indica que este mecanismo suele provocar demoras significativas en los plazos.

Estrategia de la defensa

El equipo legal de Maduro, encabezado por el abogado Barry Pollack, ya anticipó una ofensiva centrada en la forma en que el ex presidente y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados, y en la eventual inmunidad del cargo. Un ejes será cuestionar la operación en Caracas, a la que describen como una “abducción militar”, al sostener que la intervención de fuerzas especiales para extraer a un jefe de Estado vulnera normas del derecho internacional.

Sin embargo, especialistas en derecho penal federal recuerdan que este tipo de planteos rara vez prospera en los tribunales estadounidenses, que suelen sostener que la forma en que un imputado llega a la jurisdicción no invalida la causa. Aun así, la defensa insistirá con el argumento de la inmunidad soberana, pese a que Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo en 2019.

Otro frente de discusión podría girar en torno del estatus de prisionero de guerra, una calificación invocada por el propio Maduro durante su primera audiencia. El antecedente más citado es el de Manuel Noriega, quien tras su captura en Panamá obtuvo beneficios bajo esa figura, aunque ello no impidió su condena.

Condiciones de detención

En caso de que tal reclamo prospere las condiciones de reclusión de Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn podrían modificarse. No obstante, los cargos en su contra -entre otros, narcoterrorismo y tráfico de cocaína- seguirían su curso sin alteraciones.

Mientras se delinean las mociones defensivas, la Fiscalía cuenta con la colaboración de testigos de alto perfil. De acuerdo con el diario “The Guardian”, uno de los aportes centrales proviene de Hugo “El Pollo” Carvajal, ex jefe de inteligencia militar, actualmente a la espera de sentencia en Nueva York y con conocimiento detallado del funcionamiento del denominado Cartel de los Soles.

El derrotero judicial incluirá, además, la revisión de miles de documentos y grabaciones que abarcan más de 25 años de presuntas maniobras ilícitas.

La acusación sustitutiva presentada en 2025 sostiene que Maduro, junto con aliados cercanos -entre ellos, su esposa y su hijo Nicolás Maduro Guerra-, mantuvo vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Cartel de Sinaloa, con el objetivo de facilitar el ingreso de cocaína a EEUU. Entre los cargos más delicados figuran la posesión de ametralladoras y de dispositivos destructivos, delitos que contemplan penas mínimas obligatorias y reducen el margen de discrecionalidad del juez.

¿Camino a un acuerdo?

La presión judicial abre la posibilidad de una negociación de culpabilidad, mediante la cual el acusado podría admitir parte de los hechos para evitar una condena a prisión perpetua. Si no se alcanza un entendimiento, el caso avanzará hacia un juicio por jurados, en el cual ciudadanos de Nueva York definirán el destino del chavista que gobernó Venezuela durante más de una década.

En paralelo, el escenario geopolítico se reconfigura al margen del expediente judicial. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a delinear una nueva relación con Caracas y estableció contactos directos con la mandataria interina, Delcy Rodríguez, quien asumió por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela.

El interés de la Casa Blanca se concentra ahora en la reapertura del sector energético a compañías estadounidenses. Para este jueves está previsto un mitin de alto nivel entre ejecutivos de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips y el secretario de Energía, Chris Wright, para analizar la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana.