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Tras la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que cuestionó el funcionamiento administrativo y contable de la AFA y advirtió sobre posibles irregularidades graves (entre ellas maniobras de malversación y lavado de activos), la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia salió públicamente a responder. Lo hizo a través de un comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que rechazó de plano las acusaciones y negó haber intentado eludir controles estatales. La reconstrucción del conflicto fue publicada por La Nación.
Según informó la AFA, la intimación del organismo encabezado por Daniel Roque Vítolo fue respondida formalmente este lunes, dentro del plazo fijado. En ese marco, la entidad sostuvo que cumplió con todos los requerimientos vinculados a la presentación de balances contables correspondientes a los ejercicios 2017 a 2023, y calificó como “objetivamente falsas” las versiones que indicaban que se había “escapado” de la jurisdicción porteña o que el cambio de domicilio institucional resultara ilegal.
El eje central de la disputa gira en torno a la mudanza de la AFA desde la Ciudad de Buenos Aires a la provincia. En su comunicado, la conducción afirmó que esa decisión fue aprobada en Asamblea, fiscalizada por veedores de la propia IGJ y posteriormente certificada por el organismo en noviembre de 2024, cuando se emitió el certificado de vigencia necesario para inscribir a la entidad en territorio bonaerense. Para la AFA, ese acto administrativo demuestra que la IGJ conocía y avalaba el proceso.
Sin embargo, Vítolo respondió públicamente que el comunicado implicaría un reconocimiento implícito de que durante años no se habían presentado balances completos. Además, remarcó que la imagen institucional elegida por la AFA (el edificio de Viamonte) contradice la afirmación de que el cambio de jurisdicción esté plenamente consolidado.
En paralelo, la IGJ avanzó con una medida sensible: citó a los contadores que certificaron los balances de la AFA y de la Superliga entre 2017 y 2024, una instancia clave para determinar responsabilidades técnicas. De no haber existido respuesta antes del 20 de enero, el organismo tenía la facultad de proponer la designación de veedores estatales dentro de la entidad.
La AFA, por su parte, sostuvo que solamente recibió una observación formal (correspondiente al balance 2017) y que fue contestada en tiempo y forma. El resto de los señalamientos, afirmó, nunca le fueron notificados conforme a la normativa vigente. Vítolo replicó que las vistas no requieren notificación expresa y que es responsabilidad del administrado seguir el trámite.
Mientras el cruce escala en el plano público, el trasfondo es más profundo: la IGJ reclama explicaciones detalladas sobre gastos millonarios asentados bajo rubros genéricos en los balances de los últimos años. La AFA rechaza cualquier intento de encubrimiento y acusa al organismo de control de utilizar el escenario mediático para construir un relato de incumplimiento sin sustento documental.
El conflicto, que se desarrolla en simultáneo con investigaciones judiciales en otros fueros, mantiene abierta una de las disputas institucionales más delicadas de los últimos años en el fútbol argentino.
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