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Ushuaia. ARCHIVO
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por el plazo de un año, al argumentar la existencia de irregularidades financieras, desvíos de fondos y riesgos operativos y de seguridad derivados del deterioro de la infraestructura.
La decisión fue rechazada por el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, quien aseguró que no comparte ni la medida ni los fundamentos esgrimidos por el organismo nacional.
Desde la Anpyn explicaron que la intervención fue el resultado de la falta de respuestas concretas a las inspecciones realizadas, de denuncias de vaciamiento formuladas por trabajadores del puerto y de la preocupación manifestada por representantes de las empresas navieras que operan en la terminal.
En ese marco, el organismo detalló una serie de falencias detectadas en la infraestructura portuaria, entre ellas el faltante de pilotes en el sitio tres del muelle, defensas desgastadas, problemas en el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica y compromisos en las condiciones básicas de seguridad operativa. A esto sumaron observaciones sobre la gestión administrativa y financiera del puerto.
La Anpyn también denunció la ausencia de un registro adecuado de ingresos, egresos y compras, cuya administración habría sido tercerizada por la provincia en una empresa habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas. Además, cuestionó el destino del presupuesto portuario, al señalar que el 33% fue utilizado para subsidios provinciales, mientras que solo el 1,3% se destinó a obras y servicios para mejorar la calidad de las prestaciones.
Según el organismo nacional, ese uso de los fondos se realizó en detrimento de la normativa vigente, que establece que el presupuesto del puerto debe aplicarse exclusivamente a inversiones en la propia terminal.
Durante el período de intervención, la Anpyn contará con la asistencia de la Prefectura Naval Argentina para reforzar las condiciones de seguridad y las tareas operativas. Al mismo tiempo, se informó que las principales gerencias continuarán a cargo de personal fueguino, con conocimiento técnico y experiencia en el funcionamiento del puerto, consignó el diario "Ámbito".
Respuesta fueguina
Si bien en la provincia se preveía una decisión de este tipo, su implementación tomó por sorpresa a la administración de Gustavo Melella. En el ámbito del gobierno fueguino, algunas voces interpretan la intervención como un paso previo a una eventual privatización del puerto de Ushuaia.
El propio gobernador fue quien encabezó la respuesta política, al afirmar que no existe una justificación objetiva para una medida de esta magnitud. También indicó que mantiene un diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que garantice el normal funcionamiento del puerto y previsibilidad para todos los sectores involucrados.
Melella aseguró que el gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos trabajan para resolver la situación “con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina”. En ese sentido, sostuvo que el puerto de Ushuaia continúa operando con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros.
El mandatario remarcó además que la actividad cotidiana del puerto es visible para la ciudadanía, los turistas y quienes lo transitan a diario, y defendió su rol estratégico. Según señaló, las principales compañías navieras eligen Ushuaia por cumplir con estándares de seguridad, calidad y servicios, algo que -afirmó- se refleja en la cantidad de recaladas.
“Desde la Provincia vamos a seguir trabajando y dialogando, poniendo todas las herramientas necesarias para cuidar el funcionamiento del puerto, el trabajo de nuestra gente y el desarrollo de Tierra del Fuego”, concluyó.
La intervención se produce en un contexto económico sensible para la provincia. A comienzos de año, el entonces ministro de Economía, Francisco Devita, presentó su renuncia junto a parte de su equipo, en una salida consensuada que expuso las dificultades financieras que atraviesan las arcas fueguinas. A esto se sumó recientemente la decisión del gobierno provincial de llevar a cero los aranceles a los teléfonos celulares importados, una medida que generó preocupación en una economía fuertemente vinculada a la industria tecnológica bajo el Subrégimen de Promoción Industrial.
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