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Reclaman controles toxicológicos sin aviso previo para los funcionarios tucumanos: “Los tres poderes deben dar el ejemplo”
El debate sobre los controles toxicológicos a funcionarios volvió a instalarse en la Legislatura a partir de un proyecto presentado por el legislador José Cano, que busca reformar la Ley 8.850, sancionada en 2016. Según explicó el parlamentario en diálogo con LA GACETA, la iniciativa apunta a corregir falencias en la aplicación de la norma vigente y a garantizar que los exámenes sean realmente efectivos.
“Es un tema recurrente en la vida institucional de la provincia. La ley se sancionó, se reglamentó y hasta tuvo un pronunciamiento de la Corte sobre su constitucionalidad, pero en la práctica fue una ley muy poco operativa”, sostuvo en Buen Día Verano. En ese sentido, recordó que los testeos son obligatorios para quienes integran el gabinete provincial y para el ingreso a la administración pública, aunque advirtió que nunca se conocieron resultados concretos de su aplicación.
El proyecto propone extender los controles a los tres poderes del Estado, al Tribunal de Cuentas, organismos descentralizados, comunas rurales y al propio Poder Legislativo, hasta el rango de prosecretario. Además, introduce un cambio clave: los exámenes serían sorpresivos, sin aviso previo, a diferencia del esquema actual que establece notificación con varios días de anticipación.
Cano remarcó que la iniciativa no tiene un carácter sancionatorio. “Siempre partimos del concepto de que una persona con consumo problemático es una persona enferma. El objetivo no es castigar, sino prevenir y garantizar que quien tiene responsabilidades públicas pueda tomar decisiones trascendentes en plenitud de condiciones”, explicó.
ARCHIVO LA GACETA
En esa línea, señaló que la Constitución Nacional y la Constitución provincial exigen condiciones de idoneidad para ejercer la función pública, que no se limitan a lo técnico, sino que también incluyen aspectos éticos y morales. “El avance del narcotráfico atraviesa a toda la sociedad y el Estado no puede mirar para otro lado”, afirmó.
La propuesta también alcanza al personal policial y penitenciario, sectores que, según Cano, están sometidos a altos niveles de estrés psicológico. “Son funciones sensibles, donde el Estado tiene que garantizar controles, pero también contención, tratamiento y seguimiento”, indicó, y valoró las políticas de asistencia que se vienen desarrollando en ese ámbito.
Finalmente, el legislador expresó su expectativa de que el proyecto avance en la Legislatura y reclamó que los distintos poderes del Estado “den el ejemplo”. “No se trata de acusaciones ni de denuncias mediáticas. Se trata de contar con una herramienta que funcione, que sea transparente y que permita cuidar a las personas y a las instituciones”, concluyó.
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