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LEGISLATURA / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO
El legislador José Cano presentó un proyecto de reforma a la Ley N°. 8850, que regula el consumo de drogas ilícitas por parte de funcionarios públicos en Tucumán, con el objetivo de eliminar las “ventajas” del sistema actual y garantizar la idoneidad de los funcionarios.
La modificación central establece que los exámenes de detección de drogas serían de carácter estrictamente sorpresivo, quitando la notificación previa de tres días que rige actualmente, ya que permitía conductas elusivas por parte de los obligados.
Bajo esta propuesta, la negativa injustificada a someterse al test sería legalmente equivalente a un resultado positivo, con la activación de los protocolos establecidos por las autoridades según corresponda. La reforma ampliaría el alcance de los controles y se incorporaría, de manera obligatoria, a funcionarios de los tres poderes: el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Tribunal de Cuentas y personal jerárquico del sistema penitenciario.
José Cano, impulsor de la medida.
Además, Cano formalizó un pedido de informes para auditar la aplicación de la ley desde su sanción en 2016. El legislador busca determinar con qué frecuencia se han realizado los testeos y si la reglamentación del Poder Ejecutivo ha servido realmente para transparentar la gestión o si ha quedado como una norma de cumplimiento parcial en los distintos ámbitos estatales.
"La idoneidad para el cargo público no es solo técnica; debe ser también psíquica y ética", afirmó el legislador, y señaló que Tucumán debe alinearse con los estándares de transparencia de otras provincias.
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