Media sanción y debate abierto: qué puede pasar en la Justicia con la reforma laboral
La media sanción del proyecto de reforma laboral abrió un intenso debate político y jurídico. Sin embargo, el abogado constitucionalista Dante Mirra llamó a la prudencia y aclaró que aún es prematuro hablar de una judicialización inmediata.
“Esto no es ley todavía, eso hay que explicarlo bien. Tiene media sanción y pasó el tamiz del Senado”, sostuvo Mirra en diálogo con LA GACETA al analizar el estado parlamentario de la iniciativa. En ese sentido, explicó que el trámite legislativo recién comienza una nueva etapa en la Cámara de Diputados, donde -por la complejidad del tema y la necesidad de consensos amplios- podrían introducirse modificaciones.
“El Ejecutivo decidió iniciarla por el Senado, que es la Cámara de origen. Ahora pasa a Diputados como Cámara revisora y ahí puede modificarse o incluso rechazarse. Si se modifica, vuelve al Senado y se abre un juego de mayorías para insistir. Es un proceso complejo”, detalló.
No obstante, el constitucionalista reconoció que, en caso de convertirse en ley, podría ser objeto de planteos judiciales. “Puede ser judicializada como cualquier ley, por supuesto”, afirmó, aunque remarcó que todo dependerá del contenido final y de cómo impacte en derechos concretos.
Dante Mirra, figura destacada en el ámbito jurídico local.
Control de constitucionalidad y fallos dispares
Mirra recordó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es “difuso”, lo que significa que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. “En nuestro sistema, tomado de Estados Unidos, cualquier juez puede comparar la Constitución con una ley y, si considera que se opone, declararla inconstitucional”, explicó.
Esa característica genera, según indicó, fallos contradictorios hasta que la Corte Suprema fija un criterio. “Puede ocurrir que un juez diga una cosa, otro otra, la Cámara otra distinta, hasta que llegue a la Corte Suprema, que es la que tiene la última palabra”.
Como antecedente, mencionó debates recientes en materia laboral sobre la aplicación de multas por falta de registración. “Hubo jueces que dejaron de aplicarlas, otros que dijeron que eran inconstitucionales y otros que sostuvieron que debían aplicarse sólo a los nuevos casos”, ejemplificó.
Imagen ilustrativa / dolarhoy.com
Derechos adquiridos o expectativas
Uno de los puntos más sensibles, según Mirra, será determinar si eventuales cambios afectan derechos adquiridos o meras expectativas. “Si algún derecho se le disminuyera al trabajador, estaríamos ante una discusión importante”, explicó. Y planteó un caso concreto: la posibilidad de que las sentencias laborales puedan pagarse en cuotas para pequeñas empresas.
“¿Qué pasa si el trabajador inició el juicio bajo un régimen que ordenaba pagar en diez días y la sentencia sale cuando ya rige la nueva ley? ¿Debe cobrar en cuotas?”, se preguntó.
También abordó el supuesto de un trabajador que inició su relación laboral bajo la legislación vigente y es despedido cuando ya rige la nueva norma. “En los años 90 se modificó el sistema de cálculo de indemnizaciones y se aplicó a relaciones laborales en curso, y la Corte no lo declaró inconstitucional”, recordó.
Sin embargo, advirtió que el actual escenario judicial es incierto. “La Corte hoy tiene una composición distinta y está semiacéfala, con tres miembros. No sabemos cuál va a ser el criterio”, afirmó.
Desde una postura, podría sostenerse que las normas laborales son de orden público y protegen a la parte más débil, por lo que no deberían retroceder en derechos. Desde otra, podría considerarse que la indemnización es un derecho potencial -que sólo se concreta ante el despido- y, por lo tanto, susceptible de ser alcanzado por la nueva ley.
“Es imposible anticipar cuál será el criterio definitivo. Lo estamos viendo hoy con otros temas laborales: hay jueces que aplican la norma sólo a futuro, otros que la consideran inconstitucional y otros que la aplican plenamente”, concluyó Mirra.

























