Hace 2 Hs
La investigación judicial determinó que Gómez era víctima de una organización dedicada a extorsionar hombres a través de aplicaciones de citas
“No quiero ser una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. [Lo] lamento mamá por esta estúpida decisión”.
La frase fue escrita de puño y letra por Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que el 16 de diciembre pasado se suicidó de un disparo en la cabeza mientras estaba de guardia en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial ubicada en Olivos.
En la carta de despedida, el joven también agradeció al Ejército por haberle permitido integrar sus filas. “Gracias a todos. Lo lamento mucho”, dejó escrito antes de quitarse la vida.
La investigación judicial determinó que Gómez era víctima de una organización dedicada a extorsionar hombres a través de aplicaciones de citas. Detrás de la maniobra había delincuentes que operaban desde cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La trampa en una app de citas
Todo comenzó cuando el soldado entabló contacto con un perfil femenino en una aplicación de citas. Tras intercambiar mensajes, la conversación se trasladó a WhatsApp.
Lo que parecía una relación virtual incipiente terminó siendo una puesta en escena.
Según reconstruyó la causa, la organización creaba perfiles falsos de mujeres jóvenes. Luego, enviaban lo que llamaban “el audio del terror”: un mensaje de voz en el que una supuesta madre acusaba a la víctima de haber mantenido contacto con una menor de edad.
Después aparecía un falso policía que exigía dinero para frenar una supuesta causa judicial.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reveló fragmentos de la carta durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo del expediente.
“Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Estoy con problemas legales y muchas deudas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así. No le tengo miedo a la muerte, sí respeto. Tengo miedo de decepcionarlos”, escribió Gómez.
Transferencias por más de un millón de pesos
Un día antes de suicidarse, el 15 de diciembre, el soldado recibió varias llamadas. A las 17.34 mantuvo una comunicación de diez minutos con una línea telefónica radicada en La Plata.
Minutos después comenzó a realizar transferencias de dinero a cuentas de billeteras virtuales:
$213.000
$400.000
$500.000
La documentación incorporada a la causa indica que las operaciones se concretaron entre las 17.34 y las 18.38.
Ya fallecido, durante la madrugada del día siguiente, recibió un mensaje que decía: “No veo el comprobante”. Entre las 9.05 y las 9.22 ingresaron además tres llamadas desde la misma línea.
La pista clave para desentrañar la maniobra estaba en la carta que dejó escrita.
La “Pyme del delito” desde las cárceles
La organización estaba integrada por tres delincuentes detenidos en cárceles bonaerenses. Con el avance de la investigación, fueron trasladados a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Para concretar el plan, incluso usurparon la identidad de un oficial de la Policía de la Ciudad.
Monteoliva fue contundente:
“Un teléfono celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirle que tenga un arma en la celda. No se puede permitir en ninguna cárcel del país”.
Por su parte, la jueza Arroyo Salgado advirtió que el uso irrestricto de celulares convierte a las cárceles en una “Pyme del delito” y también en una “universidad del delito”, al facilitar la planificación de nuevas estafas digitales.
La investigación judicial
La causa es impulsada por el Juzgado Federal de San Isidro. Participan la División Homicidios de la Superintendencia Federal de Investigaciones y el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.
“Gracias al trabajo estratégicamente coordinado entre la Justicia Federal de San Isidro y la División Homicidios de la Policía Federal, hoy el Estado argentino puede decir que esta muerte violenta no fue un hecho inexplicable y que no quedará impune”, sostuvo Arroyo Salgado.
El caso de Rodrigo Gómez expuso el funcionamiento de bandas que operan desde las cárceles utilizando tecnología móvil para cometer delitos digitales, una modalidad que, según las autoridades, requiere controles más estrictos dentro del sistema penitenciario.
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