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CUPÓN PBI. La Justicia de Reino Unido ordena a la Argentina revelar activos para avanzar en la ejecución del fallo. FOTO/LANACION.
La Justicia británica solicitó este martes al gobierno argentino información financiera y contractual sobre activos en el extranjero, tras una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a los tenedores de bonos en el caso "Cupón PBI".
El proceso se enmarca en la estrategia de los acreedores para identificar bienes susceptibles de embargo que permitan ejecutar el fallo. El caso involucra a los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que demandaron al país por modificar la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) durante la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando Áxel Kicillof era ministro de Economía.
La modificación aplicada en 2013 redujo los pagos vinculados a los bonos denominados Cupones PBI emitidos en 2005 y 2010, decisión que la corte londinense consideró perjudicial para los inversores.
El proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros depositada por el país para apelar el fallo, recurso finalmente desestimado. Aún resta abonar cerca de 1.000 millones de euros, según confirmó la Procuración del Tesoro, que calificó este litigio como el quinto más relevante en monto para la Argentina.
La orden judicial exige revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas energéticas y cuentas bancarias en el exterior.
Caso "Cupón PBI": el reclamos de acreedores
En agosto, un informe técnico del FMI (Fondo Monetario Internacional) mencionó conversaciones entre el país y los acreedores. Sin embargo, los beneficiarios del fallo negaron negociaciones y, en una carta difundida por PR Newswire, afirmaron: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”. También solicitaron al organismo internacional la actualización del reporte, consignó Infobae.
Los acreedores sostienen además que el país “se niega a cooperar con las medidas adoptadas para ejecutar la deuda judicial” y que tampoco abona los intereses diarios acumulados. A su vez, consideran necesario que la Argentina regularice sus atrasos externos antes de intentar regresar a los mercados internacionales de capital.
Origen del conflicto
La deuda se originó en el cupón atado al PBI, instrumento creado durante el canje de deuda de 2005 encabezado por Roberto Lavagna. Este mecanismo establecía pagos adicionales a los bonistas si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. El Gobierno suspendió los pagos en 2011, cuando la economía dejó de mostrar esa expansión.
En 2023 la justicia británica condenó al país a pagar el equivalente a unos U$S1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses). En febrero de 2025 los demandantes ejecutaron la garantía de 313 millones de euros depositada mediante una carta de crédito emitida por Banco Santander. Expertos estiman que estaba compuesta por efectivo o instrumentos de pago inmediato.
La decisión del Tribunal Superior de Londres tomó como antecedente la intervención del Indec en 2007, cuando Guillermo Moreno era secretario de Comercio Interior.
En 2013 el organismo modificó el cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, lo que impidió el pago a los tenedores de cupones PBI. Con la nueva metodología, el crecimiento informado quedó por debajo del 3,22% necesario para activar los pagos, mientras que con la base anterior de 1993 el aumento habría sido del 4,9%. De ese modo, el Gobierno evitó entonces un desembolso superior a U$S 3.600 millones en intereses.
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