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CASO ÉRIKA. La defensa de Felipe “El Militar” Sosa denunció desequilibrio procesal.
Los abogados defensores de Felipe “El Militar” Sosa, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, expresaron este martes su preocupación por lo que califican como una “gravedad institucional” en el marco de la causa en la que su asistido está acusado del crimen de Érika Antonella Álvarez.
A través de un comunicado, los letrados denuncaron que en los últimos días “se han difundido masivamente en distintos medios de comunicación declaraciones prestadas en sede fiscal por una persona actualmente imputada en el expediente”. “No se trata de comunicados oficiales ni de exposiciones voluntarias ante la prensa: son piezas procesales de una investigación en trámite que han sido difundidas selectivamente”, remarcaron.
Según indicaron, mientras esas declaraciones toman estado público, la defensa enfrenta “restricciones materiales concretas para ejercer su función, generándose una situación de desequilibrio procesal que compromete la igualdad de armas”.
Régimen de detención
El escrito además describe las condiciones en las que se encuentra alojado Sosa. “Felipe Sosa se encuentra alojado en una celda individual dentro de un pabellón donde otros internos comparten espacio entre sí. Él no. Permanece 23 horas diarias dentro de esa celda. Desayuna solo. Almuerza solo. Merienda solo. No comparte espacio con otros internos. No mantiene conversación con nadie. No interactúa con el resto del pabellón”.
Asimismo, detallaron que su “única salida diaria se limita a aproximadamente 15 minutos, siendo trasladado bajo el esquema denominado ‘formación diamante’, rodeado por personal penitenciario encapuchado. No ve sus rostros. No existe intercambio humano”.
De acuerdo al informe psicológico fechado el 23 de febrero de 2026, al momento de su elaboración Sosa llevaba cinco semanas bajo ese régimen. “El propio informe describe un ‘régimen de aislamiento social extremo’”, subrayaron.
Los abogados también hicieron referencia a la situación de salud de su defendido. “La problemática de consumo y adicción ha sido ratificada tanto por el informe psicológico de parte como por evaluaciones del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), incluyendo intervención psiquiátrica, así como por constancias del propio Servicio Penitenciario. No es una afirmación unilateral. Es una situación documentada”.
En ese contexto, advirtieron: “El aislamiento prolongado en una persona con vulnerabilidad psíquica acreditada no es neutro. Puede agravar su estado emocional y generar consecuencias acumulativas”.
Además, señalaron que no se les permitió ingresarle material de lectura. “Esta defensa no ha podido ingresarle material de lectura ni libros, pese a encontrarse bajo encierro prácticamente total. La privación de estímulos en un contexto de aislamiento prolongado no es un dato menor”.
También cuestionaron las condiciones de entrevista profesional: “El contacto con la defensa técnica se realiza bajo acrílico y supervisión permanente, sin privacidad efectiva, afectando la confidencialidad profesional y el derecho de defensa”.
Según agregaron, “se han solicitado traslados médicos que fueron rechazados bajo el argumento de que debían debatirse en audiencia, circunstancia inusual que profundiza la preocupación institucional”.
Planteo institucional
En el tramo final del comunicado, los abogados encuadraron la situación en el marco normativo vigente. “Este cuadro debe analizarse a la luz de la prohibición absoluta de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos”.
Advirtieron además que “la provincia carece actualmente de un mecanismo local operativo de monitoreo en materia de prevención de la tortura, lo que implica la ausencia de control externo independiente y permanente sobre las condiciones de detención descriptas. Sin control externo, el único contrapeso institucional posible es la intervención judicial”.
“Reiteramos -como ya fue informado oportunamente- que Felipe Sosa no registra antecedentes penales”, añadieron.
Por último, informaron que la situación fue comunicada “al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, de la Comisión Provincial contra la Tortura y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.
En los próximos días, indicaron, “se celebrará una audiencia judicial destinada a abordar estas restricciones y a restablecer condiciones mínimas que permitan ejercer una defensa efectiva”.
“La igualdad de armas no es una consigna retórica: es un principio estructural del debido proceso. Cuando la defensa enfrenta limitaciones materiales mientras se difunden selectivamente piezas del expediente, el equilibrio procesal se ve comprometido. La transparencia fortalece el proceso. El control institucional lo legitima. ¿Tiene lógica que quien ha decidido matar sea el primero en pedir auxilio”, finaliza el comunicado.
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